El caso de Elina tiene mucha miga, y cuanto más se indaga, más sorprendente resulta la actuación de todos los intervinientes en el caso. Todo parece estar hecho mal y al revés, a costa del sufrimiento de esta familia torrelaveguense.

Todo comenzó en octubre de 2019, cuando los inquilinos deciden dejar de pagar el alquiler, tras unos meses viviendo en esa casa, e intentan extorsionar a la familia de Elina afirmando que saldrían del piso si les daban mucho dinero.

Tras muchos intentos por parte de la familia Villegas de intentar mediar con estos inquiokupas sin éxito, en noviembre de 2019 envían un buro fax reclamando la deuda y al no obtener respuesta, se interpone una demanda, notificada en febrero de 2020. A partir de ese momento comenzó el calvario de Elina y sus padres.

Se fijó un primer juicio en mayo de 2020, pero llegó la pandemia y el Gobierno suspendió todo hasta noviembre de 2020. Había pasado un año y esta familia seguía sin apoyo institucional ni judicial, pero los okupas seguían disfrutando del piso. En ese juicio de noviembre no se presentan y se les condena a abandonar la vivienda, sentencia notificada en marzo de 2021, y en abril se solicita que se ejecute la sentencia, pero no abandonan la vivienda.

Sigue esperando una solución, pero sobre todo recuperar el hogar de sus padres

LOS SERVICIOS SOCIALES DE TORRELAVEGA. A partir de ese momento comienzan a fijarse fechas de lanzamiento, y el calvario para la familia de Elina, el primero en julio de 2021, y aquí entran los Servicios Sociales de Torrelavega, cuya trabajadora social en ese momento, emite un informe «tipo» y «express» para evitar el desalojo. Y aquí se complica el asunto, cuando se analiza ese informe, al que tuvo acceso ALERTA y publicó en mayo de 2022. Un informe que no corresponde con el caso de Elina, sino con una ejecución hipotecaria, y que tiene un número de procedimiento distinto, que no corresponde con el expediente de la okupación.

En dicho escrito se señala que «el informe se trata de un documento ‘pre impreso’ , y de él se observa que únicamente se indica que se ha derivado a los usuarios a la Oficina de Emergencia habitacional del Gobierno de Cantabria; el Registro de Viviendas Protegidas; y que se les ha revisado para comprobar si son beneficiarias de alguna ayuda o prestación municipal, pero según el abogado de Elina «no se ha acreditado que se hayan realizado ninguna de esas actuaciones, no recogiendo en dicho informe cuáles son los medios de vida actuales de los ejecutados». Continúa el abogado señalando que además «no consta acreditado que el usuario haya acudido a los Servicios de Emergencia Habitacional a los que ha sido derivado».

En segundo lugar, el informe de los Servicios Sociales dice textualmente: «... a pesar de las actuaciones realizadas por los Servicios Sociales durante los últimos meses, todas ellas tendentes a satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad que garanticen el acceso a una vivienda digna, según consta en estos Servicios Sociales, la situación de A.J.E., no ha cambiado,...».

Y tal y como afirma el abogado en su escrito, «es imposible» que los Servicios Sociales hayan actuado durante meses con estas personas, ya que una de ellas nunca ha acudido a los Servicios Sociales, y el otro interesado acudió en fecha de 8 de julio de 2021, y este último informe se ha emitido en fecha 21 de julio de 2021, tan solo 13 días después de la visita del usuario. También recuerda que en la Diligencia de Ordenación de fecha 13 de julio de 2021, se requería al ejecutado por plazo de diez días para que se presentase la documentación que acreditase su situación de vulnerabilidad, pero el ejecutado no ha presentado la documentación requerida por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelavega, lo que, según entiende el letrado, «corrobora aún más» que el haber acudido a los Servicios Sociales ha sido únicamente con la finalidad de dilatar el proceso de lanzamiento. En un segundo escrito en octubre de 2021, el abogado de la familia Villegas advirtió a ese mismo Juzgado, que su representada estaba recibiendo quejas por parte de los propietarios de la Comunidad en la que radica el inmueble okupado por el ejecutado, dado que éste incumple reiteradamente las normas de convivencia.

En ese momento Elina decide llevar el caso a la Justicia. Y hasta hoy, que sigue esperando una solución para su caso, pero sobre todo recuperar el hogar de sus padres que sólo con esfuerzo y mucho trabajo consiguieron. «El patrimonio de una vida» para su hija y que han perdido.

LOS OKUPAS YA NO SON VULNERABLES PERO SIGUEN MORANDO SU CASA. Sorprendentemente, el pasado mes de marzo, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega emitieron un nuevo informe, al que ha tenido acceso ALERTA, en el que rubrican que las personas que okupan su vivienda ya no son vulnerables, y que no cumplen con los requisitos mínimos para ser declarados ‘en situación de vulnerabilidad’.

Las víctimas, Elina y sus padres, reciben este informe 3 meses después, en junio, y aún hoy, 19 de noviembre, cuando se han cumplido ya cuatro años de la okupación de su vivienda, los okupas siguen morando en esa casa.