05.02.2023 |
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OKUPACION TORRELAVEGA

El caso de 'okupación' de Elina y su familia en Torrelavega, llega a Espejo Público: 20.000 € perdidos

El caso de 'okupación' de Elina y su familia en Torrelavega, llega a Espejo Público: 20.000 € perdidos

La casa de los padres de Elina, en Torrelavega, estaba alquilada a una familia que decidió dejar de pagar la renta en el año 2019. Desde hace cuatro años, estas personas han acabado convirtiéndose en, lo que se conoce en estos momentos, por “inquiokupas”.

Es decir, cómo inquilinos que dejan de pagar y se mantienen instalados en el piso sin abonar nada. Y así van pasando los años. En este caso desde 2019. A pesar de las denuncias, un juicio y varios intentos de desahucio, esta familia sigue ocupando la vivienda de forma ilegal. Lo que ha generado unos gastos a la familia de Elina que, actualmente, superan ya los 20.000 euros. 

Los propietarios, como bien apuntan ellos mismos, no tienen la obligación de mantener a esas personas, sobre todo teniendo en cuenta que esa gente cobra un ayuda mínima vital y otra ayuda no contributiva de otra comunidad. Lo que significa que, entre ambas pagas, ganan más que los propietarios. 

Sin embargo, Elina denuncia que si realmente los okupas son merecedores de una vivienda, es asuntos sociales quien debe de proporcionársela, y no una persona privada, a la que violentan económicamente al no sufragar los gastos del alquiler pactado. Pero de momento miran para otro lado.

Tal es la situación a la que ha llegado la familia de Elina que están siendo tratados para la depresión con distintos fármacos para poder conciliar el sueño por las noches.

Y es que, no se entiende qué ha fallado en la administración, porque el juicio tenía un desenlace claro. Todos los trámites se habían realizado con diligencia: se había presentado la demanda y había fecha para la orden de desahucio.

A pesar de ello, en julio del año pasado la familia que ocupa se dirige a la concejalía de servicios sociales y ésta les entrega un informe de vulnerabilidad sin haber hecho ninguna comprobación previamente. Un informe que no correspondía al caso, ya que es un copia y pega de una ejecución hipotecaria. De esta forma, al declararse como personas vulnerables, se detienen todos los trámites legales.

No obstante, como indican en repetidas ocasiones, los supuestos inquilinos tienen mayores ingresos que los declarados, que ya de por sí alcanzan 1275€ solo con una de las ayudas recibidas, a lo que hay que sumar la proveniente de otra comunidad autónoma y los trabajos que realizan y no tributan.

Esta vivienda se compró hace unos 40 años por el matrimonio con la idea de reforzar el sustento familiar una vez abonada toda la hipoteca. Facilitando así poder vivir tranquilos una vez se jubilasen, utilizando el alquiler como un ingreso complementario a la pensión. Una media de ahorro muy habitual. En ningún momento se plantearon que les llegase a ocurrir esto, donde la situación actual les está afectando, no solo económicamente con el gran desembolso que llevan realizado hasta ahora, sino también física y mentalmente, empeorando su salud. 
Elina  se consuela pensando que al menos los suministros no están a su nombre, y por tanto son los okupas quienes los abonan. A pesar de ello, todos los gastos relativos al inmueble, como son el IBI, la comunidad, o la escalera, recae en sus bolsillos.

Y todo ello suponiendo que el día que abandonen el domicilio okupado lo hagan sin destrozar nada, un modus operandi que se repite en este tipo de conflictos.

Este tipo de situaciones hacen que los propietarios prefieran mantener sus viviendas cerradas que ofrecerlas en alquiler, lo que repercute en una menor oferta y un mayor encarecimiento de las disponibles.

En junio fue la última reunión con el alcalde de Torrelavega, quien se comprometió a revisar el caso, estudiar el expediente de vulnerabilidad y darles una solución. Han pasado 7 meses y Elina sigue sin fecha de desahucio a pesar de ser su caso un claro ejemplo de fraude de ley, ya que el juzgado a instado a la concejalía a acreditar la supuesta vulnerabilidad de los okupas. Y mientras esto ocurre, una familia sigue perdiendo dinero y no pudiendo disfrutar de una vivienda que es de su propiedad por errores de la administración.

El caso de 'okupación' de Elina y su familia en Torrelavega, llega a Espejo Público: 20.000 € perdidos
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