Mientras la mayoría de los cántabros disfrutan de unas fiestas navideñas en familia en sus hogares, personas como Elina y sus padres, llevan el sufrimiento en sus venas por no poder recuperar su vivienda, porque varias personas ‘okupan’ su casa desde hace más de 4 años, sin que la administración, ni la justicia haga nada por ellos.

«Todo sigue igual, llevamos más de 6 meses esperando la llamada del Alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, o que los Servicios Sociales se pongan en contacto nosotros para decirnos que han resuelto nuestra situación, pero nada», lamenta Elina, una de las afectadas por las ocupaciones en Torrelavega. «Después de la única reunión en junio de este año, no sabemos nada a día de hoy, no nos ha devuelto las llamadas el alcalde. No sabemos nada».

Ella junto a sus padres, padecen estos días el pesar de no poder disfrutar de unas fiestas navideñas como los demás. Tienen en mente, cada hora, cada día, la problemática de tener a unas personas okupando su piso de Nueva Ciudad, y no poder disfrutar ellos de su propia casa.

El padre de Elina, de 62 años, lleva más de 40 años trabajando, es mileurista y tenía pensado prejubilarse el año que viene, pero dada la situación actual, y sabiendo la poca pensión que percibirá, duda si podrán hacerse cargo de los gastos generados por los okupas.

Su madre, de 61 años, tuvo que volver a trabajar en 2021 para poder hacer frente a los gastos, que suman ya más de 20.000 euros y lamenta que «los políticos por cuatro votos, nos dejan en la miseria, abandonados, y sin protección alguna». «Me hago 82 kilómetros diarios para acudir a mi trabajo, me tengo que desplazar hasta Reinosa, así que imagina como estoy», lamenta, cansada, de la carga que tiene encima.

Elina por su parte, de 29 años, perdió el trabajo este verano, y cuando fue a solicitar la prestación por desempleo al Servicio Cántabro se la denegaron. A raíz de esta situación, solicitó la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, pero también se la negaron. La Administración alude a que como convive con personas que tienen ingresos (son mileuristas), no tiene derecho a esta ayuda. Tampoco tiene derecho a la ayuda del Ingreso Mínimo Vital, pese a que la unidad de convivencia son 3 adultos, y sus bienes no superan el mínimo establecido por Ley.

LAS PERSONAS QUE OKUPAN EL PISO PONEN CONDICIONES. Elina y sus padres, recibieron a finales de agosto una carta certificada, firmada por el inquiokupa, A.J.E., confirmando que les han concedido la ayuda de Ingreso Mínimo Vital, y solicitando la redacción de un nuevo contrato a partir de julio de 2022, pero eso si, con condiciones. En la carta, a la que ha tenido acceso ALERTA, confirman que su «situación económica ha mejorado» y por lo tanto pueden hacerse cargo «del pago del alquiler», aunque a día de hoy siguen sin pagarlo. Elina nos cuenta, que tras recibir la carta, se la entregaron a su abogado para saber cómo proceder ante tal hecho, y éste procedió a presentar un escrito al Juez, solicitando se estudie la situación actual de vulnerabilidad de estas personas, saber si están o no en esta situación, y en tal caso, pedir judicialmente que abandonen de inmediato la vivienda.

Las personas que okupan la casa de Nueva Ciudad de esta familia cántabra llevan desde 2019 sin pagar el alquiler ni los gastos de la comunidad ni los derivados de un alquiler normal. Son ya más de 4 años que llevan okupando el piso y no tienen intención de desalojarlo. En cambio, fuentes consultadas por este medio nos confirman que, la progenitora de A.J.E., está alquilando otro piso en Campuzano, localidad cercana al barrio de Nueva Ciudad, por lo que Elina no entiende por qué no se van a vivir con ese familiar directo al piso de Campuzano. «Queremos que se vayan de mi casa. No hemos contestado a esa carta, porque nos parece demencial, que encima nos pongan condiciones, que ellos decidan cómo se debe redactar el contrato de arrendamiento, un contrato que ya no está vigente, y que por lo tanto están ocupando mi casa sin contrato alguno, ya no son inquiokupas, son okupas de todas todas», denuncia Elina.

SERVICIOS SOCIALES. En los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega tampoco se ha avanzado en el proceso. Tras las últimas demandas de Elina y sus padres, funcionarios de los Servicios Sociales se citaron con ellos, para emitir un informe de evaluación psicológica, un informe que no saben para qué se hizo, y donde se ha enviado. Más que una evaluación psicológica, Elina reclama ayuda. Algo que a día de hoy reclama también la madre de Elina. «Llevamos más de 6 meses esperando que nos atiendan, estamos estresados, con depresión, no dormimos bien, trabajamos más de 10 horas diarias muchos días, y sin apoyo psicológico», denuncia la madre de Elina. «¿Por qué tienen preferencia esas personas sobre nosotros? ¿Por qué no nos atienden a nosotros de la misma manera? Es injusto, y lo saben, pero los votos es lo único que les importa», lamenta.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA OKUPACIÓN. La Plataforma de Afectados por la ocupación exige medidas legislativas urgentes contra la okupación. En un comunicado, los organizadores lamentan que son víctimas de una «humillación legislativa», pero también de la «indiferencia» del Gobierno y los partidos de la coalición. Este mes de diciembre se pusieron en contacto con el Alcalde Javier López Estrada, para hablar de este caso, y éste dijo: «si tengo en mente este caso, pero que me faltan algunos detalles que he perdido». Después de estas palabras, Elina, se echa las manos a la cabeza, porque el alcalde, Javier López Estrada, «tiene toda la información, y si la ha perdido como dice, sólo tiene que llamarnos, que tiene nuestros números de teléfono, y la concejal de los Servicios Sociales también».

EL EQUIPO DE GOBIERNO PRC-PSOE. El Ayuntamiento dispone de un presupuesto que asciende a 71 millones de euros para 2022. Según el portavoz regionalista de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, es el presupuesto «más social de la historia de Torrelavega y piensa en todos los torrelaveguenses», aunque para Elina y sus padres, «este dinero, que es de todos los torrelaveguenses, se entrega a delincuentes, en vez de devolverlo a los ciudadanos trabajadores que pagamos impuestos, con mejoras en la ciudad y la economía». «Encima de tener unos okupas, sigo pagando mi contribución, pago el IBI, pago el seguro del piso, pago la comunidad, pago todo. Yo con 61 años ayer trabajé 13 horas, y gano menos trabajando, que esa persona que gana más sin trabajar», denuncia, y añade que el Ayuntamiento podría revisar nuestro caso, para al menos, no imponernos más impuestos como el IBI». «Tengo a mi hija viviendo con nosotros para ayudarnos, en vez de poder vivir ella en ese piso y poder labrarse un futuro», lamenta la madre de Elina.

La pasividad del Ayuntamiento produce un efecto llamada entre los okupas

El uso de viviendas sociales como segunda residencia o los pisos patera, son algunos de los casos que se han enquistado en la ciudad

No es algo nuevo que los casos de 'okupación' ha aumentado en los últimos años en Cantabria y Torrelavega especialmente, tras la crisis sanitaria del covid y la crisis económica posterior, mientras las Administraciones no aportan ninguna solución para todas las partes implicadas.

Con todo, los partidos de la oposición denuncian una y otra vez la situación de inseguridad por parte de los propietarios de estas viviendas, gente trabajadora, mileurista, que supera a duras penas mes a mes los gastos corrientes, y mientras, el Equipo de Gobierno municipal de regionalistas y socialistas, espera impasible a las resoluciones judiciales de alguno de los casos pendientes de resolver. Pero también quedan paralizados ante los casos que ya tienen sentencia firme de desalojo, por lo que personas como Elina opinan que «la Justicia no sirve ante políticos oportunistas, que solo quieren el voto para seguir en el poder». Amenazas físicas por parte de los okupas, okupaciones en viviendas sociales del Ayuntamiento, son algunos de los últimos casos conocidos tanto por la ciudadanía, como por el Alcalde, Javier López Estrada, que conocedor de esta situación, aún no ha emitido comunicado al respecto, para, al menos, tranquilizar a la población.

Según fuentes consultadas sobre este último caso, la propia Policía Local procedió a cambiar la cerradura de esta vivienda al tener conocimiento de esta circunstancia y, a los pocos días, volvieron a okupar la vivienda. Pero ni el Equipo de Gobierno ni los Servicios Sociales a cargo de la concejal Laura Romano, se han puesto aún en contacto con esta familia cántabra para darles algún ápice de esperanza de cara al año próximo, a pocos días de comenzar.