El alcalde de Ribamontán al Monte, el regionalista Joaquín Arco, los concejales Raúl Fermín Ruiz, Fernando González, Mercedes Fernández, del PRC, y Jesús García, del PSOE, así como la exedil Lidia Ruiz (PRC), cada vez están más cerca del banquillo de los acusados por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Eso es lo que el auto del Juzgado de Instrucción N°2 de Santona, contra el cabe recurso de reforma y de apelación y que acuerda dar continuidad a las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía y a las acusaciones personadas a solicitar la apertura del juicio oral.

Están siendo investigados por el pago de facturas entre 2016 y 2018, en contra de los informes de la Intervención, y dentro del proceso abierto también contra el alcalde, el regionalista Joaquín Arco. La causa abierta contra él por el presunto abono irregular de facturas por importe de cerca de 20.000 euros, en contra del interventor y a las que votaron a favor a pro-puesta de la Alcaldía y los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal.

Según el auto del juez, destaca que hay "indicio de la comisión de las irregularidades administrativas susceptibles de constituir delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, que el propio alcalde del Municipio de Ribamontán al Monte, en su declaración en sede judicial reconoció haber cometido determinadas irregularidades, si bien las justificó en que, tanto dicho Ayuntamiento, como otros, habían actuado de dicha forma en el pasado, lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales y, posiblemente, delictivas. Difícil argumento más favorable para la continuación de este procedimiento encontraremos, que el propio reconocimiento de hechos, previas las advertencias de la intervención municipal, por parte del investigado, podemos encontrar en este caso, si bien la confesión, por sí sola, no es suficiente para la determinación de responsabilidad penal (art. 406 LECRIM). Teniendo en cuenta que los acuerdos irregulares han supuesto aprobación de gasto público, y, por tanto, perjuicio económico a las arcas públicas, se estaría cometiendo el delito de malversación de fondos públicos". 

FACTURAS. La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos tienen que ver con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo del Ayuntamiento.

Todos los investigados, salvo Lidia Ruiz, siguen formando parte del equipo de Gobierno.

En dicha resolución, la Audiencia avaló la práctica de las declaraciones -que el alcalde pretendía dejar sin efecto alegando que había transcurrido el plazo establecido en la Ley de Enjuciamiento Criminal-, porque además de una diligencia de investigación constituye también un acto del derecho de defensa de los procesados.

-AVANCE-

 

 

 

 

 

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