El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, se ha pronunciado sobre la reciente polémica surgida en torno a la aparición de un gran número de mascarillas caducadas en el municipio de Camargo, generando un debate político y público en la región. En una rueda de prensa realizada esta semana, Zuloaga abordó el tema con cautela, evitando emitir juicios apresurados y delegando la responsabilidad de brindar explicaciones en su compañera de partido y exalcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

El origen de esta situación se remonta a la denuncia realizada por el actual alcalde de Camargo, Diego Movellán, perteneciente al Partido Popular (PP), quien informó públicamente sobre el hallazgo de un gran lote de mascarillas presuntamente caducadas en una instalación en Revilla, Camargo, que estaba siendo preparada para su uso. Movellán destacó que estas mascarillas habían sido adquiridas durante la gestión del equipo municipal anterior, liderado por Bolado, y expresó su preocupación por las circunstancias que rodeaban su aparición y caducidad. El descubrimiento de estas mascarillas ha desencadenado una serie de interrogantes en la opinión pública, así como en el ámbito político local. Se estima que el lote encontrado constaba de alrededor de 51.000 unidades, lo que representa una cantidad considerable de material sanitario vencido.

"En este caso será Esther Bolado quien deba dar todas las explicaciones"

Esta situación ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la gestión previa de los recursos municipales y la responsabilidad en la adquisición y almacenamiento de estos elementos esenciales para la protección contra la propagación de enfermedades, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El alcalde Movellán anunció que el equipo de Gobierno municipal llevaría a cabo una investigación exhaustiva para determinar la procedencia de estas mascarillas, así como identificar a las personas responsables de su compra y almacenamiento, y entender por qué se dejaron caducar. Señaló que, si bien el uso de mascarillas seguía siendo obligatorio hasta julio de 2023 en ciertos entornos según las regulaciones sanitarias, era preocupante que este material hubiera sido desechado sin utilizarse. "Sabemos que Ábalos y Koldo estuvieron en Camargo. Figuras vinculadas presuntamente a una trama corrupta de compra de mascarillas.

El inventario abandonado incluía 13,000 mascarillas CP2 y 37,000 quirúrgicas, siendo las últimas de uso común en entornos sanitarios y con una vida útil limitada a un año. La caducidad de las mascarillas CP2 a finales de 2023 alertó al alcalde de Camargo, Diego Movellán, quien lamentó la falta de comunicación y gestión que habría permitido la distribución adecuada de estos insumos a instituciones necesitadas. "La irresponsabilidad de no haber utilizado estas mascarillas", enfatizó Movellán, resalta la preocupación por los recursos desperdiciados que podrían haber beneficiado a centros educativos, residencias de mayores y centros de salud.

Bajo la lupa se encuentra la administración anterior, durante cuyo mandato se realizó la adquisición masiva de estas mascarillas, con una inversión que supera los 200,000 euros. Actualmente, se investiga cuánto de este presupuesto se destinó a material ahora inservible, en busca de respuestas que parecen esquivar a la exalcaldesa.

Zuloaga ha afirmado no tener "nada que decir" sobre el incidente, desviando la atención hacia quienes estuvieron directamente implicados en la gestión del material sanitario.

El escándalo se intensifica al revelarse que durante junio de 2021, figuras políticas como el señor Ávalo y Koldo visitaron Camargo, lo que genera sospechas y exige una aclaración detallada por parte de los partidos implicados. La comunidad y el gobierno actual demandan transparencia y responsabilidad en el manejo de fondos y recursos críticos, cuestionando la falta de previsión y el exceso en las compras.

La denuncia de Movellán no solo pone en evidencia la gestión deficiente de recursos durante una crisis sanitaria sin precedentes, sino que también abre el debate sobre la eficacia y ética de las administraciones públicas en la gestión de la salud y la seguridad ciudadana.

Bolado instó al Movellán a ir a los juzgados. En respuesta a estas acusaciones, Esther Bolado emitió un comunicado en el que instaba a Movellán a presentar pruebas concretas de cualquier irregularidad en la contratación de las mascarillas durante la pasada legislatura. Bolado negó rotundamente cualquier implicación en actividades indebidas y defendió la transparencia de su gestión durante su mandato como alcaldesa de Camargo. Además, advirtió a Movellán que, de no presentar evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones, ella podría considerar tomar acciones legales en su contra por difamación.

La aparición de las mascarillas caducadas ha suscitado una intensa atención mediática y pública en Cantabria, avivando el debate sobre la responsabilidad política y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por este incidente, instando a una investigación exhaustiva y a que se esclarezcan las circunstancias que rodean la adquisición y posterior abandono de este material sanitario. En este contexto, la postura adoptada por Pablo Zuloaga, como líder del PSOE en Cantabria, ha sido observada de cerca. Si bien Zuloaga ha evitado pronunciarse directamente sobre la polémica, su decisión de delegar la responsabilidad en Esther Bolado ha generado diversos comentarios y especulaciones en la opinión pública.

Zuloaga está "seguro" de que la exalcaldesa proporcionará las explicaciones necesarias, mostrando confianza en su compañera de partido frente a las acusaciones.

Algunos críticos han cuestionado si esta postura es una estrategia para eludir el escrutinio público y político, mientras que otros han respaldado la necesidad de esperar a que se lleve a cabo una investigación completa antes de realizar juicios precipitados. En medio de esta controversia, se ha planteado la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, especialmente en el contexto de una crisis de salud pública como la pandemia de COVID-19. La sociedad cántabra espera que las autoridades responsables aborden este asunto con seriedad y diligencia, garantizando que se establezcan responsabilidades de manera justa y transparente.

En última instancia, el caso de las mascarillas caducadas en Camargo destaca la importancia de una gestión adecuada y responsable de los recursos públicos, así como la necesidad de una supervisión efectiva y una rendición de cuentas clara por parte de las autoridades locales. La resolución de este caso será fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes electos y en las instituciones gubernamentales, así como para garantizar la protección de la salud y el bienestar de la comunidad en general.