El alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez (PP), afirmó ayer que él no intervenía «para nada» en las contrataciones del personal de las escuelas deportivas, la brigada de obras y la Agencia de Desarrollo Local, y se limitaba a firmarlas como máxima autoridad municipal.

Así lo ha declarado en el juicio por presunta prevaricación administrativa que se ha celebrado este martes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, tras ser aplazado por la pandemia y el estado de alarma.

El fiscal pide nueve años de inhabilitación para cargo público para Gómez, al que acusa de prevaricar en distintas contrataciones realizadas en el municipio entre los años 2007 y 2013, siguiendo criterios de «absoluta discrecionalidad» e incumpliendo los principios de transparencia, mérito y capacidad que establece la ley. El alcalde de Santa María de Cayón se ha sentado en el banquillo por una denuncia presentada hace siete años por un concejal independiente, a la que se unieron el PRC y el PSOE, que ejercen la acusación popular aunque los socialistas como parte separada.

Todo el procedimiento contra Gómez se ha basado en los reparos, más de 80, que planteó a los contrataciones el interventor municipal, quien este martes ha asegurado en la vista que se trataba «de casos puntuales», que situaciones similares se vivían en muchos ayuntamientos y que había una voluntad de «corregir» por parte del alcalde.

Las acusaciones han puesto en cuestión la declaración del interventor, que ha sido calificada de «surrealista» por el ministerio público mientras que, en opinión de la acusación popular, ha eludido contestar a las preguntas y ha intentado «edulcorar los hechos», justificando a Gómez. Sobre las contrataciones en las escuelas deportivas, el alcalde ha explicado que ante el crecimiento del número de niños y de escuelas, se iba solucionando como se podía el problema de la necesidad de monitores para atenderlas y que era su director el que los buscaba. «No sabría decir a qué monitores se contrataba», ha apuntado Gastón, quien ha afirmado que se les daba de alta en la Seguridad Social, algo que no ocurría antes de su llegada al Ayuntamiento, y que, siguiendo el criterio del interventor, se modificó el procedimiento para contratarlos, a través de una empresa, un sistema, por otra parte, «bastante más costoso», ha puntualizado.

Los monitores cobraban 300 euros y trabajaban dos tardes a la semana, además del día del partido, según han declarado tanto el alcalde como el responsable de las escuelas deportivas y el interventor, quien ha señalado que recibían una cantidad «compensatoria» y que su figura es equiparable a la del voluntario.

El entonces director de las escuelas, ya jubilado después de 35 años en el cargo, ha incidido en que en el periodo que se juzga se duplicaron las instalaciones, lo que hizo necesario contratar nuevos monitores, que él mismo seleccionaba como «pasaba en todas partes», en función de unos «criterios deportivos». En cuanto a las contrataciones en las brigadas de obras, el alcalde ha dicho que era el encargado el que decía que perfiles profesionales necesitaba y elegía «a las personas concretas». Estas personas se contrataban entonces por dos o tres meses y, según Gastón Gómez, tenían algún tipo de discapacidad o dificultades para encontrar trabajo en el mercado laboral. Las contrataciones, ha añadido, se realizaban a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) mientras que ahora este tipo de contratos se hacen a través del Servicio Cántabro de Empleo, con los proyectos que el Ayuntamiento presenta al Gobierno de Cantabria.

También las contrataciones irregulares que se le atribuyen mediante la ADL eran, según el alcalde, para desarrollar proyectos ligados a subvenciones de las distintas consejerías del Ejecutivo cántabro, que las supervisaba al conceder la mitad de la ayuda y, al final del proyecto, cuando aportaba el otro 50 por ciento. La directora de la agencia ha indicado que se seleccionaba a personas con la formación requerida para cada proyecto, la propuesta de contratación se pasaba al alcalde y todas las contrataciones «estaban supervisadas» por el Gobierno regional.

En sus conclusiones, el fiscal ha afirmado que Gastón Gómez contrataba «a la persona que le daba la gana» sin ningún tipo de procedimiento. En su opinión, al alcalde no hay que agradecerle que diera de alta a la Seguridad Social a los trabajadores porque lo que tendría que haber hecho es contratar siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son los que marca la ley, y no «la inercia o la exclusión social» como se ha repetido durante la vista. Y la defensa no ha negado que se haya podido producir alguna «irregularidad» administrativa en las contrataciones pero en ningún caso se trata, bajo su criterio, de un comportamiento que merezca un reproche penal.

Ha argumentado que existían unos expedientes, la práctica totalidad de las contrataciones se hicieron correctamente, se dio de alta a los trabajadores, no se ocultaron y además se fiscalizaron.

Sostiene también que la situación era heredada, que el alcalde «no hizo caso omiso a lo que le decía intervención» y fue regularizando las situaciones, no intervino en la selección del personal y, además, no tenía un interés personal en las personas contratadas.

El fiscal pide nueve años de inhabilitación y la defensa rechaza cualquier reproche penal

El fiscal pide nueve años de inhabilitación para cargo público para Gómez, al que acusa de prevaricar en distintas contrataciones realizadas entre los años 2007 y 2013, siguiendo criterios de «absoluta discrecionalidad» e incumpliendo los principios de transparencia y capacidad que establece la ley. La defensa afirma que en ningún caso se trata, bajo su criterio, de un comportamiento que merezca un reproche penal. Ha argumentado que existían unos expedientes, la práctica totalidad de las contrataciones se hicieron correctamente, se dio de alta a los trabajadores, no se ocultaron y además se fiscalizaron. Sostiene también que la situación era heredada, que el alcalde no intervino en la selección del personal y, además, no tenía un interés personal en las personas contratadas.