La alcaldesa de Santa María de Cayón, Pilar del Río, ha hecho una enérgica defensa de su posición, rechazando las acusaciones en su contra y afirmando que "está todo manipulado y van a por mí". Estas declaraciones surgen en medio de la controversia que rodea su implicación en un accidente de tráfico ocurrido hace dos años en Liaño.

El Tribunal Supremo ha decidido no anular la sanción de seis meses de suspensión de empleo impuesta a un sargento primero de la Guardia Civil que ayudó a la alcaldesa a abandonar la escena del accidente que ella misma provocó para evitar una posible multa.

En la sentencia, la Sala de lo Militar ha desestimado el recurso presentado por la defensa del guardia civil contra la resolución que redujo su condena de un año a seis meses de suspensión de empleo. El tribunal considera que la sanción está debidamente justificada y personalizada.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de noviembre de 2021, cuando un accidente de tráfico involucró a la alcaldesa y a otro conductor. Según el relato, el sargento de la Guardia Civil se presentó en el lugar del accidente, recopiló información y luego permitió que la alcaldesa se marchara del lugar antes de la llegada de otros agentes.

La alcaldesa ha defendido que no recibió un trato de favor por parte del sargento y que no huyó del lugar del accidente. Además, ha expresado que las acusaciones en su contra están siendo manipuladas.

El tribunal ha señalado que la sanción de suspensión de empleo no es la más grave y que ha sido impuesta en su mínima extensión. El sargento argumentó que "tenía que sacar de ahí a la alcaldesa", justificando su actuación.

Del Río defendió su actuación, afirmando que ella y los demás involucrados permanecieron en el lugar durante un período de tiempo para completar los partes correspondientes después del "pequeño golpe" por alcance que ella misma admitió haber causado. Tras el choque, la alcaldesa llamó a una mujer cuyo esposo es agente de la Guardia Civil y que vivía cerca del lugar del accidente para obtener ayuda.

Aunque reconoció que podría haber optado por quedarse en el lugar, Del Río subrayó que en ese momento nadie mencionó la realización de pruebas de alcohol y drogas. Afirmó que proporcionó sus documentos y cumplió con los procedimientos antes de abandonar la escena.

La alcaldesa también destacó que no buscó ningún trato de favor y considera que esta situación se trata de una "maniobra política" para perjudicarla, ya que no ha enfrentado ningún proceso judicial relacionado con el accidente.

La sanción al sargento de la Guardia Civil se debe a que facilitó que la alcaldesa abandonara la escena del accidente "subrepticiamente y sin avisar", según la resolución del Tribunal Supremo. La controversia en torno a este caso continúa generando debate en la región.