La justicia ha dado un golpe significativo a una red ilegal de venta de cadáveres en Valencia. Los implicados, pertenecientes a una reconocida funeraria, son acusados de estafar y falsificar documentos para sustraer y vender cuerpos destinados a la ciencia. Según la investigación policial, se han aprovechado de la vulnerabilidad de los difuntos sin familiares, principalmente extranjeros o personas en condiciones de vida precarias.

Este escándalo se destapó tras la retirada irregular de un cadáver de un hospital en 2023, lo que desencadenó una serie de investigaciones. Los detenidos alteraban registros y documentos para desviar los cuerpos desde su destino original a diferentes universidades, cobrando 1.200 euros por cada uno. Además, se descubrió que facturaban a universidades por incineraciones ficticias de cuerpos ya estudiados, generando ingresos ilegales significativos.

Esta operación pone de manifiesto graves fallos en el sistema de control y seguimiento de cadáveres destinados a estudios universitarios y abre un debate sobre la ética en la gestión de restos humanos en el ámbito académico y científico. La comunidad científica y educativa se ha mostrado consternada ante estos hechos, que empañan la dignidad y el respeto que merecen los donantes de cuerpos a la ciencia.

El fallecido debía haber sido enterrado en su municipio en un sepelio de beneficencia sufragado, a su vez por el Ayuntamiento. Pero fue vendido para su estudio por 1.200 euros a una universidad sin que hubiera consentimiento previo para ello por parte de algún familiar o amigo.

La investigación reveló, también, un segundo caso. El de un varón que se hallaba ingresado en una residencia geriátrica y que, al parecer, tres días antes de morir habría supuestamente autorizado la donación de su propio cuerpo.

Sin embargo, según el resultado de las investigaciones de la Policía Nacional, este varón tenía menoscabadas sus facultades mentales, porque sufría un deterioro cognoscitivo severo, circunstancia esta última que no le habría permitido entender lo que suponía efectuar esa donación.

Esa donación, según el relato policial, fue firmada ara que su cuerpo sin vida fuera a su vez remitido a una facultad de medicina en concreto. Pero, finalmente, fue trasladado a otra, que pagaba más dinero, para lo que, a través de un supuesto engaño, consiguieron que personal sanitario rubricara el cambio de destino de ese cuerpo.

Buscaban fallecidos sin familiares

Buscaban fallecidos sin familiares y, preferiblemente, extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias, con el supuesto fin de que no se llevara a cabo seguimiento alguno de las donaciones por parte de los familiares.

Los agentes descubrieron, también, la existencia de presuntas irregularidades en las incineraciones de los cuerpos supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, las universidades tenían que costear las incineraciones que efectuaba la funeraria al concluir el estudio de los cadáveres.

Los investigados supuestamente aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, de modo, que presuntamente llevaban a cabo en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrando de ese modo pagar por ellas, pero facturándolas, a la vez, a las universidades.