Las seis personas que permanecen detenidas por las presuntas adjudicaciones irregulares en contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria han pasado este viernes a disposición judicial, mientras que otros dos ya están en libertad.

Su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que se ocupa de la causa y que decretó secreto de sumario, se prolongará a lo largo del día, aunque se espera que la juez levante hoy mismo ese secreto de sumario, según han informado a EFE fuentes próximas la investigación.

Uno de los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria es un jefe de servicio de carreteras, en la Consejería Obras Públicas.

Ese alto funcionario de la Consejería ha entrado pasadas las 10.30 horas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde se encuentra ese Juzgado de Instrucción, en un furgón de la Policía Nacional, en el que también iba otro de los detenidos, el propietario de una de las empresas supuestamente implicadas en los contratos irregulares de mantenimiento de carreteras.

El furgón ha accedido a los juzgados por el garaje de la sede de los juzgados del complejo judicial de Las Salesas, en cuyo exterior esperaban los medios de comunicación.

Ambos detenidos se han bajado del furgón esposados, frente a los periodistas, y han accedido a los juzgados por el garaje.

Según han informado las mismas fuentes, dentro de las dependencias judiciales ya se encontraban otras dos de las seis personas que permanecen detenidas en esta operación, que ha dirigido la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

Además del funcionario de la Consejería de Obras Públicas y del propietario de una de las empresas registradas por la Policía Nacional, que han pasado hoy juntos a disposición del juez, está también detenida la esposa del jefe de servicio, así como otros tres responsables de empresas relacionados con esos contratos de la administración presuntamente irregulares.

El miércoles se llevaron a cabo nueve registros en el marco de esta operación, que inició hace un año la Agencia Tributaria y la UDEF, que se incautó ese día de diverso material en la Consejería de Obras Públicas, así como en las empresas registradas, y en algunos domicilios particulares, en los que supuestamente se localizaron más de 500.000 euros en metálico. 

Entre los detenidos se encuentra el jefe de servicio de Obras Públicas regionales. M.A.D.B., un funcionario con una dilatada expenencia, como apuntó Gochicoa, y se le han encontrado en su domicilio gran cantidad de dinero y se le imputan varios delitos, entre ellos fraude fiscal, según apuntan varias fuentes de la investigación. Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander tomará declaración a los detenidos este viernes por su supuesta implicación en delitos de fraude fiscal, blanqueamiento de capitales o cohecho.

EL MÁXIMO RESPONSABLE. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa ha asegurado que su departamento trabajó ayer con normalidad, tras los registros del pasado miércoles, y no cree que exista «ningún motivo para pensar» que la situación con el jefe de servicio de su Consejería detenido sea «extensivo» a más personas de la Consejería.

En declaraciones a los periodistas en una visita al municipio de Ruesga, Gochicoa ha insistido en que, «de momento», el único implicado de su Consejería en los supuestos contratos irregulares de carreteras es ese funcionario que está detenido.

«No tenemos ningún motivo para pensar que se haya hecho extensivo», ha subrayado y asegurado que, aunque no se podrán emprender acciones contra ese funcionario hasta que no se levante el secreto de sumario, sí se puede retirar a ese funcionario la responsabilidad de los contratos de conservación en primera instancia.