A menos de 100 días para las elecciones del 28 de mayo y en solo dos meses del 2023, se han producido tres escándalos que han salpicado a la política cántabra.

Estos se resumen en la dimisión de Alicia Renedo como directora de Juventud del Gobierno de Miguel Ángel Revilla por la adjudicación de contratos a una empresa en la que trabajó; luego vino la «chapuza» de los trenes de Cercanías que no llegarán hasta el 2026 y a las que el Gobierno cántabro ha exigido responsabilidades al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, así como a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez; y por último, los registros por parte de la Policía y la investigación en la Consejería de Obras Públicas por presuntas adjudicaciones irregulares en contratos de carreteras.

Primer caso. El pasado 13 de enero, la directora general de Juventud del Gobierno de Revilla, Alicia Renedo (PSOE), dimitió tras conocerse que el Ejecutivo regional había abierto un expediente para investigar y recabar datos sobre los contratos que habría firmado con una empresaria antes y después de trabajar con ella en el sector privado. Según la información, Renedo adjudicó la pasada legislatura, cuando ocupaba el puesto de directora general de Igualdad y Mujer, una docena de proyectos y programas en este ámbito, por más de 78.000 euros, a una empresa para la que había trabajado y que tiene domicilio social en Cádiz.  

Además, habría adjudicado a esta misma empresa otro contrato ya en esta legislatura como directora general de Juventud.

Según informó el Gobierno de Revilla en nota de prensa, Renedo ha dimitido para garantizar «la transparencia» del proceso de investigación y que los proyectos que el Ejecutivo está desarrollando «continúan con normalidad, sin verse afectados por cuestiones ajenas a las políticas de Juventud».

El expediente sobre estos contratos firmados por Renedo depende de la Consejería de Presidencia que dirige Paula Fernández (PRC) y se ha abierto de oficio por parte de la Inspección General de Servicios.

Los trenes que no llegarán hasta 2026. A principios de mes se conoció que Renfe construyó trenes que no sirven para lo que estaban pensado. Un error de cálculo ha provocado que las dimensiones de los ferrocarriles sean mayores que las de los túneles por lo que estaba previsto que tuvieran que circular. Aunque las autoridades se empeñan en afirmar que por los trenes no hubo ningún desembolso de dinero, sí se pagó el salario a quienes trabajaron en el proyecto, por lo que sí se gastó dinero de los españoles.

Los 31 convoyes encargados esta empresa pública en el verano de 2020 para renovar la flota a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar del Ferrocarril (CAF) no han salido como estaba previsto y, por lo tanto, la sustitución de los antiguos trenes que circulan por Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco tendrán que esperar, al menos, hasta el 2026.

Por este caso se produjeron las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y de la secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que fue cesada.   

Registros en la Consejería de Obras Públicas. Durante la mañana de ayer se llevaron a cabo nueve registros en el marco de esta operación, que inició hace un año la Agencia Tributaria y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y sobre la que el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que se ocupa de la causa, ha decretado secreto de sumario.

La operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se debe a presuntas adjudicaciones irregulares en contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria.  De los registros llevados a cabo ayer, cinco fueron en empresas, relacionadas con los contratos supuestamente irregulares, y otros en domicilios particulares, así como en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.