Una vez más, lo vecinos del Ayuntamiento de Cartes continúan su batalla particular contra el alcalde de este municipio, que, a pesar de afirmar que se «debe a sus vecinos», éstos no piensan igual, o al menos una parte de ellos. Se trata, en su mayoría, de algunos lugareños de las localidades de Cartes, Yermo y Cohicillos.

Éstos denuncian la doble vara de medir del alcalde Agustín Molleda (PSOE), que afirman que, mientras impide que los habitantes de la zona emprendan obras de remodelación en sus propiedades, debido a la Ley de Montes de Utilidad Pública (MUP), el propio alcalde concede licencias a sus familiares más directos, «para hacer una vivienda unifamiliar en un establo y almacén agrícola».

Este almacén se encuentra emplazado en una finca rústica, una parcela que usa la familia del alcalde desde hace más de 30 años, según los documentos facilitados por el propio Ayuntamiento a este medio, pero que no existe escritura pública de titularidad, ni del alcalde, ni de sus antedecesores -padres, abuelos, etc-, ni tampoco consta que se haya reclamado su derecho de propiedad con documentación anterior al 22 de febrero de 1974, según dicta la Ley de Montes aprobada en 2003.

La parcela en cuestión está incluida dentro del Monte de Utilidad Pública «Dehesa y Rupila» número 356 del Catálogo, perteneciente a los pueblos de Cohicillos y Mercadal, procedente del Catálogo de 1901, inscrita posteriormente, en 1958, en el Registro de la Propiedad de Torrelavega, inscripción del dominio a favor del Ayuntamiento de Cartes.

Los vecinos consideran «injusto» que se concedan licencias a familiares del alcalde, pero a otros afectados, contrarios a su  ideología política, «se nos niegue la posibilidad de hacer lo mismo en nuestras fincas»

Es importante destacar que, segun un informe emitido en julio de 2023, por el Jefe del Servicio de Montes de la Consejería de Medio Ambiente, del Gobierno de Cantabria, Javier Espinosa Rubio, ‘la declaración de utilidad pública de un monte no prejuzga ninguna cesión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la Entidad -el Ayuntamiento de Cartes- a la que el Catálogo otorga su pertenencia.

Además de esta condicióon de utilidad pública, esta parcela rústica se encuentra además catalogada en el ‘Inventario de Elementos, En Suelo Rústico del Plan General de Cartes’, elaborado a petición del Ayuntamiento, por el Arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren, en febrero de 2010.

En dicho inventario, esta finca se encuentra concretamente catalogada como ‘una explotación ganadera de ovejas en una parcela muy grande, pradera en ladera con pequeños arroyos, árboles, tiene torres y línea alta tensión. Dicha parcela tiene una instalación que se compone de un silo, abrevaderos, establo, y algunos anejos para maquinas. El acceso al suelo es regular’.

Según la documentación facilitada por el propio Agustín Molleda, fue la madre de éste quien solicitó en 2020 la licencia municipal para reformar este almacén agrícola, para ‘pintar las fachadas, sustituir dos ventanas y cambiar unas pocas tejas rotas en el alero’. 

El alcalde socialista Agustín Molleda señala como responsables de estas acusaciones a miembros del PRC

El técnico municipal emite un informe favorable para realizar esas pequeñas mejoras. 

En dicho informe, el ingeniero señala y describe, por primera vez la edificación, catalogada como establo y pajar, como una ‘vivienda’, aunque en ningún otro documento, ni en el Ayuntamiento, ni en el Inventario de elementos en suelo rústico de 2010, ni en el Catastro ni en el Servicio de Montes está descrita como vivienda, sino como almacén agrícola.

La licencia fue concedida en junio de 2020.  Un año más tarde, en febrero de 2021, la madre del alcalde solicita de nuevo licencia municipal de obras para ‘la reparación urgente de parte de la cubierta en unos 40 m2’, una licencia que basándose en otro informe del técnico municipal emitido en 2021, es concedida también.

De esas licencias de reparaciones, a lo que finalmente se está ejecutando, «hay un abismo», por lo que se puede observar en las imagenes facilitadas por un vecino de Cohicillos, quien ha denunciado a Medio Ambiente, al Gobierno de Cantabria e incluso a la Fiscalía, estas obras que considera «ilegales porque» dice que, según su abogado, «se trata de una parcela rústica de especial protección, afectada además por el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, y no se permiten hacer obras de urbanismo como carreteras de acceso, que se están haciendo, cambiar el uso de almacén a vivienda, que se está haciendo y cambios en la estructura del inmueble, cosa que también se está haciendo». Según denuncia este vecino, y ha confirmado el propio Ayuntamiento de Cartes a este medio, el Consistorio habría dado luz verde a la rehabilitación y cambio de uso de este establo, un permiso que en este caso ha sido validado por la secretaria del Consistorio, doña María José Peña Cuevas, y por el técnico municipal, Sergio Franco Rodríguez.

Además de las obras cuestionadas y denunciadas por este vecino, existen unas condiciones generales tras la aprobación de la licencia de obra, que podrían estar incumpliendo, como por ejemplo, que el titular de la licencia ‘estará obligado a situar en un lugar visible desde la vía pública un cartel informador  que haga referencia a las principales características de la obra, incluyendo, en todo caso, la identificación de los constructores o promotores, así como el nombre de los responsables técnicos’, situación que según denuncia este vecino, no se estaría aplicando. Además, según consta en la denuncia, las obras podrían estar ejecutándose, presuntamente, con los recursos humanos del propio Ayuntamiento, por lo que estarían incumpliendo la normativa vigente.

LA DOBLE VARA DE MEDIR

Lo que los vecinos lamentan e insisten en denunciar es que, mientras se permiten estas actuaciones en estas parcelas protegidas y con tantas restricciones, cuando la solicitud viene de un vecino «que no es familiar del alcalde», la licencia no se concede. Según señala este vecino, Molleda, «se escuda» en la legislación para impedir que se acometan reformas en otras parcelas también afectadas por la Ley de Montes, «cuestión que parece no afectar cuando se trata de las propiedades de su familia», declaran.  Según los vecinos de la zona, Molleda se estaría construyendo «un caserón» en una parcela que está afectada por la ley de Montes y de utilidad pública, por lo que consideran que estaría «usurpando una parcela pública para su beneficio particular».

OTROS CASOS

Esta denuncia, además de, en el Gobierno de Cantabria, se ha puesto a disposición de la Fiscalía, y está a la espera de resolución. Mientras tanto, los vecinos de estas localidades, afectados también por la Ley de Montes, tendrán que esperar a que sus casos, uno a uno, se resuelvan también, y así lo esperan, favorablemente.