En un Estado de Derecho la seguridad ha de ser garantía para preservar el pacífico disfrute de la libertad.

Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior en su Balance de Criminalidad del Tercer Trimestre de 2022, muestran un aumento, a nivel nacional, en 10 de las 11 tipologías de delitos contempladas en el informe. Aumenta todo salvo el secuestro.

En Cantabria, los hurtos sufren un incremento del 38,6% respecto al mismo trimestre del año 2021; los robos con fuerza en domicilios suben de los 748 casos del año pasado a los 870 del presente año (un 16,3% más) y los robos con violencia e intimidación aumentan un 35,8%. Lo mismo ocurre con los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria que se colocan un 44,1% por encima o los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que se sitúan un 26,2% por encima de lo anteriormente contemplado.

Y con esta triste radiografía, el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado y acelerado la contrarreforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC). Una modificación populista, compromiso esencial para los votantes de Podemos, que vulnera el equilibrio entre la libertad y la seguridad, atacando directamente al derecho a la seguridad, a los ciudadanos y al desarrollo del trabajo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Se modifican las condiciones de seguridad en el trabajo de los agentes policiales, sin que exista la perceptiva negociación sindical.

El actual proceso de contrarreforma de la LSC no cuenta con los informes del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial o del Consejo Fiscal, entre otros órganos de consulta. Tampoco ha sido objeto de negociación con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Policías Locales.

El texto, en origen, pretendía una profunda modificación de la LSC en aspectos sustanciales, pero ha ido empeorando durante la fase de enmiendas y de forma mucho más grave tras la paralización de la ponencia y la negociación secreta entre los partidos de la coalición de gobierno y sus socios extremistas, fundamentalmente ERC y BILDU.

Durante la ponencia, que se está llevando a cabo en las Cortes Generales, se ha aprobado una enmienda transaccional del gobierno de Sánchez y sus avalisas, que previsiblemente entrará a formar parte como una disposición adicional nueva de la modificación de la LSC, por la que los controles viales deben coordinarse con los cuerpos competentes de tráfico autonómicos, es decir, los Mossos, la Ertzaintza o la Foral de Navarra. Mezclan competencias de seguridad ciudadana y de tráfico, ampliando las competencias autonómicas de aquellos que quieren romper España.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el gobierno de Sánchez cambio cromos con los defensores de ETA con el objetivo de sacarlos adelante, comprometiéndose a retirar a la Guardia Civil de tráfico de Navarra antes del 31 de marzo de 2023. Ahora, amplían dicho compromiso a ERC y PNV. Este gobierno no tiene límites. Están vendiendo nuestro país en fascículos y lo hacen sin respetar la seguridad constitucional, la que preserva el pacífico disfrute de la libertad. El Partido Popular es el partido de la seguridad, así lo hemos demostrado durante años. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que fue aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Partido Popular, es una ley que tiene como finalidad ampliar las garantías de los ciudadanos con el objetivo de crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades.

Esa reforma fue necesaria, conveniente y oportuna. Fue una modificación que respondía a la demanda de amplios sectores de la sociedad, en concreto al de las FCSE. Supuso un avance en la convivencia, en las libertades y los derechos de los españoles. En definitiva, un refuerzo a nuestra democracia.

La modificación que se pretende llevar a cabo ahora, sólo responde a las exigencias de ERC, Bildu y PNV. Atacan a uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan nuestras FCSE, haciéndonos más débiles frente al terror, dando oxígeno a la amenaza.

Desde el Partido Popular no vamos a permitir que se instaure la desconfianza en las FCSE y se les ataque frontalmente. La prohibición de determinado material antidisturbios, minimizar las sanciones por desobediencia a la autoridad o a sus agentes, las faltas de respeto, el rechazo en frontera, … son modificaciones de mucho calado que dificultan e impiden el correcto trabajo de aquellos que nos protegen, máxime cuando los índices de criminalidad denotan un peligroso repunte de la delincuencia.

El Partido Popular siempre será el partido de la seguridad de las personas porque es nuestra prioridad. En Cantabria seguiremos luchando para que los índices de criminalidad bajen y para que se dote de un mayor número de efectivos a aquellas zonas que, por ejemplo, sufren un importante aumento de robos en viviendas.