Rodolfo Rodríguez Campos, el tesorero del Partido Regionalista de Cantabria, quiso salir al paso de las informaciones de algunos medios que le vinculan con la trama del «caso Obras Públicas’ o con la venta de los terrenos de La Pasiega. A través de un comunicado enviado a medios de prensa regionales, Rodríguez Campos responde también a Podemos, partido que solicitó a la próxima presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que abra una investigación al respecto.

En su escrito, el tesorero expresa su apoyo a la propuesta de Podemos para que se impulse una investigación parlamentaria que permita demostrar que «no tengo absolutamente nada que ocultar» y que, ni en su actividad profesional ni en la política, «he tenido ningún interés ni en el proyecto de La Pasiega ni en la trama del funcionario».

Rodríguez Campos, además, vincula las informaciones que le señalan en un interés por «boicotear» el acuerdo de investidura suscrito por el PRC y el PP.

El tesorero asegura que nunca ha tenido vinculación con los terrenos expropiados para crear el polígono de La Pasiega, ni participación en la sociedad Proyectos Piélagos, socia de otra mercantil propietaria de algunos de esos suelos y, por tanto, mera tenedora de participaciones sociales, a la que únicamente presta servicios profesionales de asesoría en el ámbito tributario y societario, que incluyen que el domicilio social se ubique desde 2018 en las mismas dependencias donde está el domicilio social del despacho profesional del que es socio, «una práctica habitual cuando una empresa carece de medios personales y materiales, como ocurre en el presente caso».

Aclara, además, que su relación profesional con dicha empresa comenzó en 2015, 9 años después de la adquisición de esos terrenos en 2006, y cinco años antes de su elección como responsable económico financiero del PRC, que se produjo en 2020 a raíz del fallecimiento de su antecesor, Alfredo Trueba.

Rodríguez Campos recalca que la relación profesional con Proyectos Piélagos es «totalmente ajena» a su cargo orgánico o profesional en el PRC, y «por supuesto no ha posibilitado ningún tipo de trato de favor a nadie por parte del Gobierno de Cantabria».

Y para despejar cualquier duda, ha dado a conocer que la expropiación de los terrenos impulsada por el Ejecutivo cántabro ha supuesto «una considerable pérdida económica» para su cliente, que adquirió en el año 2006 ese suelo con un costo medio del metro cuadrado de 30,28 euros y ha tenido que cederlo (vía expropiación) por 18,74 euros por metro cuadrado, en el pasado mes de mayo.

Rodríguez Campos sale así al pasao de la información publicada la semana pasada en la que supimos a través de la UDEF que el tesorero del partido de Revilla aparece en la trama de comisiones. Según la Policía, la mujer del jefe de Carreteras de Revilla cuenta con participaciones en la constructora Proyectos Piélagos SL. Esta empresa se encuentra domiciliada en el piso 1º Derecha de la calle Jesús de Monasterio número 25 de Santander. Ese piso es el epicentro de los negocios privados del tesorero Rodríguez Campos, entre los que tiene un despacho profesional de asesoría financiera. Los investigadores mencionan en su informe hasta en seis ocasiones la vinculación entre la mujer del cabecilla de la trama de mordidas y la sede del despacho financiero del tesorero del partido de Revilla a través de la constructora. La primera referencia a Proyectos Piélagos SL se encuentra al principio del primer tomo del sumario: «Constituida el 20/10/2006 con un capital social de 393.637,00, del que, Beatriz del Río Gutiérrez suscribe un 8,3% y que asciende a 32.672,00. A fecha 31/12/2020 sigue manteniendo el mismo porcentaje de participación y capital invertido. Le figura domicilio fiscal en C/ Jesús de Monasterio, nº 25, 1º D, de Santander». El tesorero de Revilla no es el único miembro de su partido que ha aparecido en la investigación policial. Este periódico también ha publicado que Javier Ontañón, miembro del comité ejecutivo del PRC, aparece en los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama. Ontañón, director de gabinete de José Luis Gochicoa, el consejero de Obras Públicas que tuvo que dimitir cuando estalló el escándalo.

Además, Podemos Cantabria a través de un comunicado ha pedido ayer a la próxima presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que lleve a cabo una investigación parlamentaria acerca de las presuntas relaciones entre el tesorero del PRC, Rodolfo Rodríguez Campos, y los terrenos expropiados en el proyecto estrella de los regionalistas, el PSIR de La Pasiega.

Podemos sostiene que existen claros vínculos entre la empresa Proyectos Piélagos S.L., señalada por la UDEF en la trama de contratos de obras públicas y cuya sede está ubicada en el despacho de Rodolfo Rodríguez Campos, y las empresas Piélagos Expansión y Gestión de Suelo Piélagos, que cuentan con directivos en común y que incluso realizan sus Juntas en el despacho de Rodríguez Campos, según aparece reflejado en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).

Para Podemos, «cualquiera que dedique diez minutos buscar en Google puede llegar fácilmente a la conclusión de que detrás de La Pasiega había intereses del tesorero regionalista. Una vez conocida la participación de Rodríguez Campos en Proyectos Piélagos, vincular esta empresa con otras que cuentan con terrenos en la Pasiega es realmente sencillo». La formación morada afirma que «durante estos últimos años, en La Pasiega se ha querido hacer un puerto seco, una fabrica de baterías, una sede de Amazon, y ahora un centro logístico. Era obvio que el interés real era hacer negocio con los terrenos. Para Podemos, «Buruaga tiene que encabezar una investigación parlamentaria y sacar a la luz todo lo que hay detrás de este proyecto».

Podemos Cantabria pide además que se detenga el PSIR de inmediato: «Es un proyecto que va en contra de los principios europeos de conservación del suelo rústico. Buruaga tiene que demostrar que sus políticas son diferentes a las políticas destructivas del PRC».

La formación recuerda que «la figura del PSIR, recogida en la Ley del Suelo, básicamente sirve para cambiar la tipificación de un terreno para poder construir en suelo rústico», por lo que su uso «ha transformado de facto terrenos rústicos en industriales, con el beneficio que eso supone para los intereses especulativos de algunas sociedades».