La nueva estrategia de convivencia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación ha sido aprobada este jueves con el voto en contra de Cantabria y otras seis comunidades autónomas.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, el consejero de  Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado de forma telemática en la conferencia sectorial de Medio Ambiente y asegura haber votado en contra de la aprobación de esa estrategia que se basa en la inclusión del lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), pero aún así, han votado a favor en todas las propuestas de Sánchez, dándole su apoyo junto a Bildu.

También han expresado su rechazo otras seis comunidades autónomas, la mayoría de ellas cuentan con esta especie en sus territorios, entre las que se encuentran Galicia y Castilla y León.

El documento, que dice aspirar a mejorar la “cohabitación del lobo con sectores clave como la ganadería”, incorpora herramientas como la territorialización de fondos para poner en marcha medidas preventivas y para indemnizar los daños generados por la especie en la cabaña ganadera, según ha avanzado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado.

Además, la Estrategia esboza el protocolo para la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares, así como el impulso de un nuevo censo nacional coordinado.

Desde Ecologistas en Acción, organización muy volcada en la protección de la especie, han celebrado la aprobación de esta estrategia que a su juicio “ayuda a superar el enfrentamiento” producido entre las autoridades que velan por la conservación del lobo y los sectores afectados por la presencia de este animal -como los ganaderos-, “pese a que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se hayan opuesto a su aprobación en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente”.

El texto, han destacado, incluye por ejemplo unos “importantes criterios” de distribución de presupuesto a las comunidades autónomas (CCAA) para la adopción de medidas de protección del ganado y para indemnizaciones por daños a la ganadería producidas por lobos.

Sin embargo, los ecologistas han criticado que el marco contemple la autorización de excepciones para la extracción selectiva de ejemplares “que, a diferencia de los controles autorizados hasta ahora, ya no se basan en el control de las poblaciones ni permite la aprobación de cupos de lobos a matar”.

"Cantabria se opone a esta estrategia, que ha salido adelante con el voto de comunidades que ni tienen ni van a tener lobo en sus territorios”, ha lamentado el titular de Ganadería, Guillermo Blanco.

Y ha avanzado que Cantabria "seguirá peleando" en la Audiencia Nacional y defendiendo sus competencias en la gestión de esta especie. "Si queremos conservarla tenemos que hacerla compatible con la ganadería porque si no lo hacemos vamos a hacerle un flaquísimo favor a la ganadería y al lobo", ha incidido.

"Las razones para oponernos a la estrategia son las que desde hace meses venimos indicamos en todos los foros técnicos, en comisiones estatales y grupos de trabajo”, ha añadido Blanco, quien ha abundado en que esta estrategia "no tienen ninguna justificación ni técnica ni jurídica".

El consejero ha denunciado que esta estrategia nace "sin una actualización del estado del lobo", materializada en un censo, cuando "la normativa deja bien claro que las estrategias de especies tienen que tener primero un diagnóstico".

Y, en este punto, ha explicado que todas las comunidades autónomas -- “e incluso el Estado lo admitió”, ha añadido Blanco-- han pedido un nuevo censo nacional "porque el último se hizo entre 2012 y 2014". Un censo que, en palabras del consejero, es “fundamental” para posteriormente realizar la estrategia en torno a esta especie.

“Que quede claro que es una estrategia meramente de circunstancias y que hay que revisarla cuando tengamos un censo nacional que compare con los datos de hace 8 años”, ha apostillado Blanco.

Cantabria también ha rechazado que se incluya en la estrategia un anexo que establece un protocolo de desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural en cuanto a la aplicación del régimen de excepciones, con la obligación del Ministerio de informar previamente a su ejecución los controles que aprueben las comunidades.

“La Comunidad ha pedido ese informe hace tres meses al Ministerio sin haberlo obtenido. La Estrategia como documento orientativo no puede convertirse en un instrumento de desarrollo normativo pues genera más inseguridad jurídica de la ya existente”, ha señalado Blanco.

INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, en la reunión virtual se han aprobado también las "Orientaciones estratégicas para la gestión de los incendios forestales en España", que definen “las líneas comunes de trabajo” para todos los actores con competencias en la lucha contra los fuegos, fenómenos que afectan “especialmente a nuestro país en estos momentos”, ha recordado en la nota el Miteco.

El propósito de esta hoja de ruta es fortalecer la cooperación entre la Administración General del Estado, las CCAA, el sector privado y la sociedad a través de objetivos básicos como mejorar la gestión del territorio rural, adaptar los ecosistemas frente a los incendios, reforzar los dispositivos y adaptarlos a nuevos escenarios o aumentar el conocimiento sobre estos fenómenos y su influencia en los ecosistemas para sensibilizar a la sociedad.

La ministra y vicepresidenta tercera ha adelantado a los gobiernos autonómicos su intención de llevar próximamente al Consejo de Ministros un Real Decreto de requisitos básicos en la operativa de extinción de incendios forestales.

CONTROL DE ALGA INVASORA

Las comunidades autónomas también han acordado con la ministra aprobar la estrategia de gestión frente al alga invasora Rugulopteryx, una especie que ha provocado el desplazamiento de las especies autóctonas y la consecuente pérdida de biodiversidad marina, además de suponer un fuerte impacto socioeconómico en el sector pesquero profesional y en el turismo local, ha asegurado el Miteco.

Este documento describe la situación de la especie y su distribución actual, y predice sus impactos ecológicos y económicos para concienciar a la población sobre este problema.