El Partido Popular ha lamentado hoy que el PRC vuelva a doblegarse ante el PSOE y dé la espalda a la industria de Cantabria. “Prefiere avalar la postura de Pedro Sánchez que defender a la industria de la comunidad autónoma”, ha afirmado la diputada nacional Elena Castillo, tras haber vetado el PRC una enmienda del PP para exigir al Gobierno central medidas para apoyar a la industria electrointensiva y gasintensiva de la comunidad autónoma.

Ha sido durante el debate en el Congreso de los Diputados de una moción del diputado del PRC José María Mazón en la que se pedía avanzar en la descarbonización de la industria cántabra, la de la empresa Solvay, mediante la aprobación del PERTE para la descarbonización de la industria anunciado por el Ejecutivo de Sánchez para fin de año.

El Partido Popular había planteado una enmienda a la moción del grupo mixto con el objetivo de garantizar la viabilidad de la industria electrointensiva, calorintensiva y gasintensiva, reivindicando, además, diálogo con las comunidades autónomas, concreción en plazos y programas a incluir en el PERTE sobre la descarbonización y un Real Decreto Ley de urgencia para regular la figura del consumidor hiperintensivo de energía y revisar y modificar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos de manera que se recojan las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad de las empresas electrointensivas, asi como de las gasintensivas.

Según ha explicado la diputada por Cantabria, el PRC se ha doblegado ante los vetos de los socialistas a la enmienda del Partido Popular, modificando también la fecha fin de año que habían propuesto inicialmente para la puesta en marcha del PERTE para las industrias calorintensivas, que continúan sin saber cuándo será aprobado en Consejo de Ministros y cuando se publicarán las bases y los programas asociados.

Castillo ha explicado que el PRC, socio del PSOE de Pedro Sánchez, ha vuelto a demostrar que lo único que buscaba con esta iniciativa era escenificar un logro, que no es logro, porque sus socios ya se han encargado de eliminar plazos, a la vez que vetan al resto de la industria cántabra que ve como sus hornos se apagan, y costará mucho volverlos a poner en activo, o se modifica la producción para ajustarla a las horas en las que la electricidad es más barata.

“Nos tememos que Revilla lo único que busca con esta iniciativa es justificar su voto a los próximos Presupuestos Generales del Estado, teatralizando sus exigencias en materia de industria”, ha dicho Castillo, quien ha lamentado que el PRC pide ahora en el Congreso lo que no ha hecho como Gobierno, porque no ha movido un dedo por ayuda a Solvay en su proceso de descarbonización.

Además, ha recordado que el PRC tampoco ha materializar estas demandas en enmiendas a la Ley de Presupuestos porque sabe que Sánchez no las apoyaría nunca, desenmascarando su apoyo incondicional, ha concluido.

El PRC acuerda con el PSOE que el Gobierno apruebe antes de 2023 el PERTE

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha anunciado este jueves que ha acordado con el PSOE que el Gobierno de España "acelere" varias medidas "estructurales" para apoyar a la industria, como el PERTE de descarbonización, que ha dicho que se va a aprobar antes de que acabe el año.

Mazón ha hecho este anuncio en una nota de prensa después de defender este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que el PRC pedía el apoyo del Gobierno central al sector industrial de Cantabria.

El acuerdo con los socialistas que ha anunciado Mazón incluye, según el diputado regionalista, que el Consejo de Ministros apruebe el PERTE de descarbonización "antes de finalizar 2022" y que la publicación de las bases y la convocatoria de ayudas esté "antes de la primera mitad de 2023" para que "se dicte la resolución definitiva y, por tanto, la fecha de pago a las empresas adjudicatarias lo antes posible".

Igualmente, PRC y PSOE acuerdan que la normativa reguladora de los certificados de ahorro de energía deben estar "antes de finales de este año" y se les debe dotar de "la máxima flexibilidad para facilitar su implementación".

Por último, según el acuerdo, se insta al Gobierno de España a poner en marcha "en el plazo más breve posible y en coordinación con el sector" las subastas para la cogeneración, tanto para las nuevas plantas como para la modernización de las existentes.