A raíz de la publicación del pasado viernes de este medio sobre el actual funcionamiento de los servicios de la Seguridad Social, la «menor» atención presencial que ofrecen en la actualidad y los errores informáticos que hace que emitan cartas de pago de deudas del año 1993, por importe de un céntimo, que luego no aparece en su sistema, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, a través de un comunicado, precisó que la falta de medios se debe a «los recortes de plantilla de los anteriores Gobiernos» y las jubilaciones.

Además en el comunicado la Seguridad Social afirmaba que «no hay ninguna órden del Ministerio de evitar la atención presencial», tal y como publicamos el pasado viernes.

Es bien cierto que la órden no es oficial, no se ha anunciado por parte del Estado, ni se ha enviado vía comunicado a los medios informativos, pero también es bien cierto, que los profesionales del funcionariado han afirmado en declaraciones a este medio que «tenemos órden directa del Ministerio de no dar citas presenciales a nadie».

La órden no es pública ni oficial, pero si testimonial de sus empleados, puesto que no podemos dar por falso el testimonio de esta empleada pública que hace su trabajo como buenamente puede.

El segundo punto que matiza la Seguridad Social es el de que «el sistema de cita previa se instauró antes de la pandemia». Cierto es que, la cita previa lleva ya años funcionando, antes de la pandemia. Lo que se destaca en el  artículo, es que durante la pandemia, las citas presenciales se cerraron por cuestiones sanitarias, que no discutimos en este momento, y que tras la ‘nueva normalidad’, la vida volvió a los comercios, empresas privadas, autónomos, viviendas, colegios, universidades, hospitales, a todos los sectores menos a las Adminsitraciones Públicas relacionadas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o como se conoce coloquialmente, Hacienda.

Dos entes públicos de gran calado, que afectan profundamente a la ciudadanía, en los temas que más preocupan, cómo son la gestión y administración de las prestaciones económicas, como las cotizaciones, las pensiones o prestaciones familiares, entre otros.

A día de hoy, en la percepción colectiva, ya sea un particular o una entidad jurídica, existe un sentimiento de frustración y descontento generalizado por las dificultades que existen para ser atendidos en estas entidades.

Aunque la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en su comunicado indique que el sistema de cita previa o cita concertada funciona, la experiencia colectiva es otra bien distinta. Sólo hace falta llamar a los teléfonos facilitados para solicitar cita previa y esperar para confirmar las carencias de este servicio telefónico.

Continúa el comunicado afirmando que la «disponibilidad de horarios para las citas es debido a la pérdida de plantilla de los años anteriores a 2020», y continúa diciendo que «en diez años, la Seguridad Social ha perdido el 20% de su plantilla», y responsabiliza de este hecho a «la exigua o nula tasa de reposición de Gobiernos pasados» y «las jubilaciones del personal».

Bien, en este punto nos detenemos un momento, para ir a los datos oficiales, que el Estado publica regularmente sobre el personal del servicio de las Administraciones Públicas.

DATOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

El Gobierno achaca el «mal» funcionamiento de la Seguridad Social a la falta de personal, que viene siendo la ‘excusa’ del Ejecutivo cuando algún servicio suyo no funciona con la fluidez que debería, dado el presupuesto destinado a este Ministerio en concreto.

Para este año 2022 el montante creció un 5,1% hasta alcanzar los 181.932 millones, según la subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Verónica Ollé.Más de 180.000 millones de euros para un ministerio que adolece de mejoras. Además los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran máximos históricos desde hace tres años con las reformas del Gobierno actual.

Pero cabe destacar que estos ingresos de las arcas públicas no han dejado de crecer desde 2014. En los años siguientes, durante el Gobierno de Mariano Rajoy el crecimiento fue bastante tibio. En cambio desde 2018, y después de la subida en los tres últimos años del SMI y la nueva reforma laboral, la caja del Estado ha engordado de manera exponencial.

Pero volvamos a la «falta de plantilla». La explicación que da la Administración Pública de que el problema de la menor o falta atención en el servicio público, radica en que los gobiernos anteriores recortaron plantilla y eso hace que funcione hoy mal, no cuadra con los datos oficiales. Desde 2008, tenemos a bordo de las Administraciones Públicas cada vez más personal. No ha parado de crecer desde hace más de 14 años. Cada año desde 2008, el número de efectivos o personal contratado al servicio de las Administraciones Públicas ha ido en aumento, salvo en 3 ejercicios, los años 2011, 2013 y 2014.

En total en esos años se redujo el personal en 149.972 empleados públicos. A partir de 2015, con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, el número de efectivos públicos fue en aumento, cada ejercicio durante su mandato hasta 2018.

Los siguientes años, ya con el Gobierno del PSOE-Podemos de Pedro Sánchez ha continuado en aumento, y es en 2021, cuando el número se disparó con la contratación de 113.347 efectivos en un sólo año.

En total a día de hoy hay 134.724 empleados públicos más que hace 14 años y 31.733 efectivos más que hace 10 años (Véase Tabla 1). Son datos oficiales del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Éstos datos corresponden a todas las Adminsitraciones Públicas del Estado. En estos datos se engloban la Administración Pública Estatal (Adm. general del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y otras entidades públicas), la Administración de las Comunidades Autónomas (Consejerías, Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia y Fuerzas de Seguridad), las Administraciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones/Cabildos)y las Universidades.

Dentro de la Administración General del Estado se encuentran los Ministerios, Docencia no Universitaria, Centros Penitenciarios, Seguridad Social, Patrimonio Nacional y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Los datos de la Seguridad Social, desmienten nuevamente la información facilitada por la Secretaría de Estado de que «el sistema languidece por los recortes de los anteriores Gobiernos y que es a partir del Gobierno actual cuando el número de efectivos ha ido recuperándose».

Si miramos los datos, en 2008, el personal al servicio de la Seguridad Social era de 30.478 efectivos. Diez años más tarde, en 2018, los efectivos eran de 25.652, un 18,8% menos en diez años. Hasta ahí es cierto que se ve una disminución paulatina del personal de este servicio.

Pero lo curioso es que desde 2018, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, la cosa no ha ido a mejor. Los datos siguen disminuyendo en 2018 y 2019, hasta los 24.630 efectivos, casi un 4% menos que el año anterior. En 2020, se registra un incremento muy grande, debido a la pandemia, cuando se contrató personal para paliar los efectos de la crisis sanitaria, hasta los 34.415 efectivos. Hasta ahí podría parecer positivo, pero en 2021, este servicio, sufre otra caída abrupta hasta los 23.370 efectivos y en 2022 baja de nuevo hasta los 22.979 efectivos, 7.499 menos que en 2008, un 25% menos. (Véase Tabla 2).

No se explica entonces que el total de funcionarios del Estado aumente año tras año, y en cambio se siga recortando en personal de la Seguridad social, cuando es un servicio tan necesario, con los anteriores gobiernos y con el actual.

Curiosamente donde se incrementa en mayor medida es en las EPEs, las Administraciones de las CC.AA., en Ayuntamientos y Diputaciones. En cambio sigue habiendo recortes en Justicia, Fuerzas Armadas y Seguridad Social.

El Gobierno actual, lejos de paliar los recortes en Sanidad, lo que parece estar haciendo es continuar con la dinámica de recortes en Sanidad, a pesar de tener más presupuesto cada año. ¿A dónde se destinan esos recursos entonces?

Mientras, los usuarios de la Sanidad Pública siguen padeciendo el «nuevo-viejo» sistema implantado, con fallos en el servicio de atención presencial, y nuevos métodos de comunicación digital con la Adminsitración que lejos de ayudar al ciudadano, entorpece las gestiones aún más.

Cantabria también registra la mayor plantilla del servicio público de los últimos 14 años

Y es que nuestra región también registra un aumento paulatino en relación con el personal al servicio de las Aministraciones Públicas. En 2008, el personal contaba con 32.769 efectivos; en 2012, eran 32.765 efectivos; en 2018, tras el cambio de Gobierno, el número de efectivos aumentó hasta los 33.784. A partir de ese año, la curva registra una disminución en 2019 y 2020, antes de la pandemia. En 2021, se registra un aumento fuerte hasta los 35.083 efectivos, con 2.850 más, de los cuales más de 14.000 corresponden a los asalariados en el sector de la Sanidad.

Pero en 2022, los datos generales vuelven a bajar hasta situarse en los 34.151 efectivos en la actualidad. Hay por tanto más asalariados públicos en la Administración, pero no en el servicio sanitario, «donde más se necesita», según profesionales del sector, usuarios del sistema de salud y sindicatos.