Desde que se conoció en 2018 que el alcalde regionalista de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, había tenido que presentarse ante el juez para dar explicaciones sobre una serie de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, el responsable del Consistorio comenzó una defensa de su inocencia que ha pasado desde situarse como víctima de un complot alentado por el PP, a que se imponga una ‘ley del silencio’ entre sus ediles. Finalmente, el juez ha procesado a Arco y cinco de sus concejales por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos por el pago 20.000 euros.

La defensa de Arco, quien a día de hoy sigue en su cargo y que no ha dado ninguna explicación tras conocerse ayer su procesamiento, arrancó en noviembre de 2018, cuando  se supo que había sido citado por el juez para explicar una serie de supuestas irregularidades que habían sido denunciadas en el juzgado.

Defendió su inocencia poco antes de las elecciones. Arco no dudó en aquel momento, muy cercano a las elecciones, en defender su inocencia y además culpar al PP, acusándolo de «revanchismo político». Tampoco  dudó en asegurar a los votantes que demostraría su inocencia y pidió el apoyo de los ciudadanos de Ribamontán al Monte para ser reelegido como alcalde.

Se niegan a declarar ante el juez. En junio de este año, los ediles también investigados tuvieron que acudir ante el juez para ser interrogados. Ninguno de ellos contestó a las preguntas planteadas, acogiéndose a su derecho a no declarar. El magistrado que instruye la causa citó a los regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas y Mercedes Fernández Pérez, y al socialista Jesús García y todos ellos declinaron contestar a las preguntas formuladas.  Además, el propio Arco intentó dejar sin efecto la comparecencia de los concejales ante el juez. La Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por el regidor contra una providencia y un auto dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña -que lleva la causa- en los que se acordaba y mantenía la toma de declaración de los investigados y que se confirman en su integridad.

Los magistrados niegan la petición del alcalde. Los magistrados avalaron la práctica de las declaraciones, que el alcalde pretendía dejar sin efecto alegando que había transcurrido el plazo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque además de una diligencia de investigación constituye también un acto del derecho de defensa de los procesados.

Finalmente, ayer se supo que tanto Arco como los cinco ediles han sido procesados por el juez. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos y será por estos graves delitos por los que tendrán que rendir cuentas ante la Justicia.