Cantabria aumentó el año pasado la brecha de género entre su población en riesgo de pobreza y exclusión social, que se redujo en casi 3 puntos, al 21,1 por ciento, pero lo hizo sobre todo gracias a la mejora de los datos entre los hombres, mientras que la tasa de mujeres se mantuvo estable.

El 6% de cántabros no puede comer carnes

En cuanto a las dificultades materiales y sociales entre los cántabros, según un estudio, que analiza 13 parámetros de consumo, han aumentado los cántabros que no puede mantener a una temperatura adecuada su vivienda, al 11,5 por ciento, una tendencia que, desde EAPN, han reconocido que se está incrementando por el aumento del precio de la energía.

También se han incrementado en un 68,7 por ciento los cántabros que no pueden permitirse el consumo de proteínas, en un 60,7 por ciento los que no pueden quedar a tomar algo una vez al mes o en un 53,6 por ciento los que no pueden participar en actividades de ocio.

Además, hay un 34 por ciento de ciudadanos de la región que no puede ir de vacaciones al menos una semana al año, mientras que un 10 por ciento no puede pagar una conexión a internet, un 6 por ciento no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días y casi un 10 por ciento no puede reunirse con amigos o familia.

Urgen nuevas políticas sociales distintas a las de ahora.

La cantidad de gente pobre es «algo mayor» en Cantabria que el año pasado y sufre la situación con mayor intensidad, mientras que el tamaño del grupo de población rica y sus ingresos también ha disminuido.

El presidente de EAPN en Cantabria, Daniel Pesquera, afirma que es necesario que «se lleven a cabo políticas sociales con medidas específicas que afectan a determinados sectores y colectivos». «Es necesario hacer políticas distintas porque con las que se han implementado hasta ahora, no hemos conseguido reducir la pobreza y la exclusión».

El número de hogares españoles con menos recursos económicos acogidos al bono social eléctrico se ha incrementado un 9 % hasta el mes de julio, en un ejercicio marcado por la crisis energética que sufre Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), a finales del pasado julio 656.086 hogares españoles contaban con el descuento que se aplica en la factura de la luz a los consumidores considerados vulnerables severos, con las rentas más bajas, frente a los 602.202 que recibían esa bonificación al cierre de 2021.

 A estos hogares hay que sumar los 597.452 considerados simplemente vulnerables, entre los que se incluyen todas las familias numerosas independientemente de su renta, que se benefician de un descuento algo menor que los vulnerables severos, pero que hasta julio han disminuido cerca de un 2 % respecto a las cifras de finales de 2021.

Si se analizan únicamente los datos aportados por la CNMC sobre los hogares españoles con un mayor grado de vulnerabilidad, 503.440 beneficiarios del bono social son unidades familiares de hasta cuatro miembros y convivientes que comparten hogar, mientras que 101.226 son familias numerosas con rentas bajas y 50.167 pensionistas. 

REQUISITOS DEL BONO SOCIAL

Para acceder al bono social eléctrico, los hogares deben cumplir ciertos requisitos de renta máxima anual, salvo en el caso de las familias numerosas, que son consideradas como consumidores vulnerables independientemente de los ingresos que obtengan a lo largo del año.

En el caso de los consumidores vulnerables severos, no pueden superar los 6.000 euros en el caso de los solicitantes individuales, y de 16.212 euros si se trata de familias numerosas.

Para los consumidores vulnerables, algo menor que el tienen los hogares más pobres, se recibe de forma automática si se trata de una familia numerosa y, en el caso de no serlo, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar, como norma general, los 12.000 euros, aunque este importe aumenta en función del número de miembros del hogar.

Desde octubre y hasta el 31 de diciembre de 2023, los hogares más pobres reciben un descuento del 80 % sobre su factura de la luz, mientras que los vulnerables cuentan con una bonificación del 65 %.

Históricamente, el descuento era del 40 % en el caso de los primeros, y del 25 % para los segundos, aunque el Gobierno ha aumentado en los últimos meses la bonificación para paliar los efectos que está teniendo la invasión rusa de Ucrania en las familias españolas con menos recursos.

AMPLIACIÓN DEL ESCUDO SOCIAL

Esta ampliación de la cobertura del bono social eléctrico ha sido una de las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos meses para potenciar el escudo social que protege a las familias más vulnerables.

En el ámbito energético, además de aumentar el descuento del bono social, en octubre se anunció la creación del bono de «justicia energética», al que se podrán acoger 1,5 millones de familias para disfrutar de un 40 % de descuento.

Ese nuevo bono estará en vigor hasta finales de 2023 y pueden acceder a él los hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y 2 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) de 14 pagas (un adulto con una renta inferior a 16.800 euros o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros).

También se ha ampliado el presupuesto del bono social térmico (que incluye el gas) para los hogares vulnerables, doblando la ayuda media hasta los 375 euros por hogar y elevando la mínima a 40 euros, frente a los 35 euros actuales.  

En cuanto a los impuestos, se han reducido de manera notable los cargos y peajes de la factura de la luz, además de haber rebajado el IVA tanto de la electricidad como del gas natural al 5 %.

Por otro lado, el llamado «mecanismo ibérico», que limita de forma temporal el precio del gas destinado a generación eléctrica, ha permitido contener la escalada de la luz cerca de un 15 % desde que se aprobó el pasado mes de junio.

En cuanto al suministro de gas, se ha creado una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada, y se ha prorrogado la limitación al 15 % del coste que se aplica al encarecimiento del gas en las revisiones de esta tarifa (TUR), lo que permite que el recibo no se pueda incrementar más de un 5 % cada tres meses.