El Estatuto de Autonomía de Cantabria y el éxito de su lucha para ser una comunidad cumple ahora 40 años con la sensación entre los representantes políticos de que la región está «consolidada», sus instituciones «aseguradas» y de la importancia de la financiación autonómica para su futuro.

Uno de los que más luchó por el nombre de Cantabria y por que la provincia de Santander se separara de Castilla la Vieja fue su actual presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que ahora recuerda esos años con «orgullo». «Esa lucha es mi vida», destaca a Efe, con la vista puesta en la celebración este martes, 1 de febrero, del cuarenta aniversario de la aprobación de ese Estatuto.

A su juicio, Cantabria es una comunidad «absolutamente consolidada y orgullosa de pertenecer a España». «Ese sentimiento está arraigado entre los ciudadanos», incide Revilla, quien cree que, «de no tener nombre en 1978, pasó a ser absolutamente reconocible, seria, reivindicativa y no conflictiva».

Respecto a las voces críticas con la descentralización de España, considera que son «una minoría». «Las autonomías han traído la mejor época de la historia española», sentencia el jefe del Gobierno, a quien le gustaría que una reforma del Estatuto permitiera a Cantabria hacer leyes y tener un Tribunal de Cuentas.

Pero eso es algo complicado, como reconoce el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez (PSOE), quien considera que para que se dé una reforma de este documento -que ya se ha hecho en cuatro ocasiones- tiene que haber un consenso entre todos los grupos de la Cámara que hoy no existe.

Gómez recuerda que el Estatuto fue posible gracias a una reivindicación «que surgió del pueblo y fue de abajo hacia arriba». «El sentimiento autonómico está absolutamente consolidado», afirma.

En su opinión, «Cantabria es un paso definitivo y no tiene vuelta atrás», y con el objetivo de que los jóvenes conozcan cómo se forjó la comunidad, su Parlamento ha organizado una amplia agenda de actos culturales, deportivos y políticos para este año.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ve este aniversario «un buen momento para preguntarse qué puede y debe hacer el Gobierno (PRC-PSOE) que no está haciendo para mejorar la vida de los cántabros y para qué sirve, si al cabo de cuatro décadas todo es Madrid, Madrid, Madrid».

En su opinión, con Revilla, Cantabria sólo tiene «una autonomía de nombre porque es el Gobierno de Pedro Sánchez el que dicta».

«Esto no es regionalismo, es un entreguismo político», remarca, y avisa de que el Estatuto de Autonomía no se redactó con la idea de que el Gobierno de Cantabria fuera «una estafeta de correos para mandar cartas a los ministros y nada más».

No está de acuerdo con ella la portavoz socialista y número dos del partido en la comunidad, Noelia Cobo, quien afirma que «el PSOE fue fundamental para la creación de Cantabria».

«Se ha ido fortaleciendo tras legislaturas complicadas con mociones de censura y tránsfugas. Se ha llegado a una estabilidad institucional y la autonomía está asegurada», explica.

Y sostiene que Cantabria «ejerce la autonomía y no dice al de arriba que le arregle los problemas». «Nada de acuerdo con que seamos la sumisión, como ha quedado testimoniado en el Parlamento», defiende.

Ciudadanos (Cs) rememora esta efeméride como el momento en el que los cántabros tomaron «las riendas de su futuro».

«Nos permite como cántabros asumir nuestras responsabilidades para avanzar en el desarrollo económico, social y cultural de nuestra casa chica dentro de la casa común que es España. Todo esto es el Estatuto», asegura su portavoz parlamentario y coordinador autonómico, Félix Álvarez.

Sin embargo, añade que «otra cosa es lo que se ha hecho durante todos estos años con esas posibilidades que ofrece el Estatuto, que sería otro cantar».

Discrepante con la reivindicación autonomista, Vox defiende, a través de su portavoz en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, que el reparto de competencias entre la Administración central y las comunidades «genera duplicidades y un reino de taifas».

Y afea que el sistema autonómico «encarece y complica la vida de los ciudadanos». «Hay que revaluarlo, racionalizarlo y reducir su estructura a lo necesario para dar servicios a los ciudadanos. La fiesta autonómica tiene que acabar», apostilla.