31.07.2021 |
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Perú: Fujimori denuncia fraude electoral y desata un torrente de racismo

Las afirmaciones de la candidata de la derecha, que va por detrás de Pedro Castillo en las encuestas, envalentonan a la extrema derecha, que ha prometido no aceptar el resultado
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori - EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori - EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
Perú: Fujimori denuncia fraude electoral y desata un torrente de racismo

La perspectiva de que el hijo de campesinos andinos analfabetos se convierta en presidente mientras su rival grita fraude ha sacudido el arraigado sistema de clases de Perú y su frágil democracia, desatando un torrente de racismo en el año del bicentenario de la independencia del país.

Con el 100% del voto oficial escrutado, el izquierdista Pedro Castillo tenía el 50,12% - y una ventaja de unos 44.000 votos sobre su rival de extrema derecha Keiko Fujimori. Pero Fujimori ha denunciado un fraude, impugnando unos 500.000 votos, pidiendo la anulación de la mitad y obligando a los funcionarios de la junta electoral de Perú a reexaminar las papeletas, a pesar de la falta de pruebas de que se haya cometido un delito.

Dos semanas después de las elecciones, que según los observadores nacionales e internacionales fueron transparentes, la postura de Keiko Fujimori -hija del autócrata encarcelado en los años 90 Alberto Fujimori- ha envalentonado a la extrema derecha, que ha prometido no aceptar los resultados electorales.

Fujimori ha contratado a los bufetes de abogados más caros de Lima para anular 200.000 votos, casi todos procedentes de regiones andinas pobres que votaron mayoritariamente por Castillo.

"La tensión ha llegado a un punto de ruptura", dijo José Ragas, historiador peruano de la Universidad Católica de Chile. "La élite limeña no sólo trata de mantener el poder -no es sólo que no quiera reconocer la victoria de Pedro Castillo- sino que está tratando de anular el voto rural".

La elección ha desatado expresiones de racismo que van más allá de la discriminación de Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa, que asumió el poder en 1990, y de Alejandro Toledo, andino educado en Estados Unidos, que gobernó Perú entre 2001 y 2006.

En un caso desagradable pero no inusual, el sitio de noticias en línea Sudaca publicó unos mensajes de texto privados entre hombres blancos de clase media de Lima que discutían cómo la gente de la sierra debería "morir de hambre" y pedían el regreso de las supuestas esterilizaciones forzadas de Alberto Fujimori, que se dirigían principalmente a las mujeres indígenas.

Otros memes de las redes sociales caracterizaron a Castillo como un burro o dijeron que los andinos eran demasiado ignorantes para poder votar. Se hacen eco de viejas "actitudes racistas y clasistas arraigadas en el debate nacional y social", dijo Ragas. Pero las redes sociales han dado a estos comentarios una audiencia mucho mayor, dijo.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó estas expresiones de odio racial. "Repudio los discursos de odio y la discriminación en todas sus formas, ya que son inaceptables en cualquier sociedad democrática", dijo en una declaración la semana pasada, mientras pedía a los peruanos que aceptaran el resultado de las elecciones.

Mientras los funcionarios de la junta electoral de Perú trabajan horas extras para reinspeccionar las papeletas en disputa, las redes sociales y las emisoras de noticias partidistas han contribuido a difundir noticias falsas que agitan el espectro del gobierno totalitario, la violencia e incluso las expropiaciones masivas si Castillo es declarado ganador, en medio de rumores de complots golpistas entre la extrema derecha.

Aparentemente inspirada por la negativa de Donald Trump a aceptar la derrota en las elecciones de EE.UU., Fujimori ha liderado una serie de marchas contra el "fraude" diciendo a sus partidarios en un mitin: "Las elecciones se van a voltear, queridos amigos".

La tres veces candidata a la presidencia ha pasado ya más de un año en prisión preventiva, acusada de recibir más de 17 millones de dólares en fondos ilegales para su campaña y de dirigir una organización criminal, y podría enfrentarse a una pena de 30 años de cárcel si es condenada. Ella niega las acusaciones.

El viernes, el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, tachó de "inaceptable" una carta firmada por casi un centenar de militares retirados en la que se insta a las fuerzas armadas a no reconocer a Castillo si asume el cargo. "Quieren incitar a los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a romper el estado de derecho", dijo en un discurso a la nación.

Mientras la tensión - avivada por las fake news - crece, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, pidió a "todos los peruanos - especialmente a los candidatos, a los funcionarios públicos y a los miembros de las fuerzas de seguridad" que "respeten los resultados electorales que las autoridades anuncien".

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