En un giro alarmante para los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha promulgado una nueva legislación denominada “Ley Contra el Fascismo”, la cual ha generado una ola de críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Esta legislación, según expertos en derechos humanos, representa un asalto directo a la libertad de expresión, la libre asociación y el pensamiento político divergente en el país.

La ley, compuesta por treinta artículos, introduce medidas extremadamente restrictivas, entre ellas:

    •    Artículo 4: Prohíbe expresamente el pensamiento “neoliberal” y “conservador”, buscando erradicar cualquier ideología contraria al régimen chavista.
    •    Artículo 9: Establece una censura total en redes sociales contra aquellos que difamen o dañen la imagen del gobierno, limitando drásticamente la libertad de expresión en el ámbito digital.
    •    Artículos 12: Prohíbe todas las formas de reuniones y manifestaciones pacíficas que se opongan al gobierno, cerrando el espacio cívico para la disidencia.
    •    Artículos 14 a 17: Dicta la disolución total de la sociedad civil, prohibiendo think tanks y partidos políticos que el régimen califique de “fascistas”.
    •    Artículo 18: Crea una Alta Comisión contra el “fascismo” (opositores), dirigida por militantes chavistas con el poder de juzgar a miembros de la sociedad civil.

Las sanciones por incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones son severas, con penas de prisión que oscilan entre los seis y doce años.

Esta legislación ha sido condenada por numerosas organizaciones de derechos humanos, que la consideran una de las leyes más brutales en la historia reciente del continente. “Es probablemente una de las leyes más brutales presentadas en toda la historia de nuestro continente”, declaró Agustín Antonetti, experto en Relaciones Internacionales y observador de la situación en América Latina.

La comunidad internacional ha reaccionado con profunda preocupación ante esta nueva ley, que ven como un esfuerzo final del régimen de Maduro para consolidar su control sobre Venezuela, sofocando cualquier forma de oposición o crítica. La “Ley Contra el Fascismo” no solo representa un retroceso dramático en términos de derechos humanos y libertades civiles, sino que también pone en riesgo la ya frágil estabilidad política y social de la nación.

La situación en Venezuela requiere una vigilancia y atención internacional inmediata para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos y presionar por una solución pacífica y democrática a la crisis prolongada que enfrenta el país.