MADRID, 3 (OTR/PRESS)

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha señalado este jueves que encuentra "varias lagunas" en los decretos de la Fiscalía del Tribunal Supremo por los que se archivaban las diligencias de investigación relativas al rey emérito Juan Carlos I. En concreto, ve vacíos "sobre la veracidad y cuantificación de las complementarias del IRPF" presentadas por el exmonarca y solicita que se haga pública una mayor información de los decretos que han motivado el archivo.

En un comunicado, recogido por Europa Press, Gestha señala que existe "una diferencia inexplicada de casi 3.000 euros en la primera regularización del 9 de diciembre de 2020" por las donaciones recibidas del empresario mexicano Allen Sanginés Krause entre 2016 y 2019. Entiende que requiere una mayor explicación y detalle, y añade que esto "sin considerar el eventual delito de blanqueo de capitales al recibir las transferencias el que fue ayudante del emérito, el coronel Nicolás Murga".

Los técnicos de Hacienda ponen el foco también en los gastos sufragados por la Fundación Zagatka al emérito y a familiares y allegados. Señalan que la Fiscalía afirma que analizó los gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento "posteriores al 19 de junio de 2014". Y explican que teniendo en cuenta que la abdicación "no es una causa legal que divida el período impositivo que se devengó el 31 de diciembre de 2014, no se entiende por qué no se analizaron los gastos desde el 1 de enero de 2014".

EL INFORME DE LA ONIF

Lamentan asimismo que el Ministerio Público, los dos decretos fueron firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dé por bueno "el informe de identificación y cuantificación de contingencias fiscales realizado por la ONIF de las complementarias del IRPF de 2014 a 2018 que el rey emérito presentó los días 2 y 3 de febrero de 2021 por 3.544.906,22 euros de cuota más 871.851,24 euros de intereses de demora y recargos.

A su juicio queda una interrogante más, que es que "si el pago de esos gastos de viaje y alojamiento se regulariza en el IRPF en vez de en el Impuesto de Donaciones, la ONIF o la Fiscalía deberían informar si existe constancia de alguna contraprestación, porque en caso contrario serían varias donaciones y la regularización por Renta no sería veraz, y no exoneraría los delitos fiscales de 2014 a 2018".

Apuntan que el Ministerio Público desvela "un cabo suelto", y es que el primo lejano del emérito Álvaro de Orleans-Borbón compró tres armas de fuego por 101.636,37 euros, IVA incluido, pagadas mediante una transferencia recibida de Zagatka el 29 de junio de 2018, y que finalmente regaló a Juan Carlos I.

Por esta donación, el rey emérito es el donatario y la Fiscalía le calcula una cuota tributaria de 30.411,14 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones de 2018. Y cree que queda el interrogante de conocer "si el rey emérito no ha regularizado y si la Comunidad de Madrid le ha iniciado una comprobación tributaria y en su caso sancionado por la eventual comisión de una infracción tributaria grave".

EL TRUST DE JERSEY

Sobre la tercera pata de las pesquisas relativas al emérito, la del fondo de Jersey, Gestha explica que la Fiscalía analiza el informe del SEPBLAC (la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales) que revelaba la existencia de un trust denominado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey, y valoraba la existencia de indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser el emérito porque sus fondos procedían de otros dos trust precedentes cuya finalidad era apoyar al entonces monarca, único beneficiario, en el caso de que fuera depuesto.

Apunta que si bien la Fiscalía no encuentra indicio que vincule The JRM 2004 Trust con el emérito entre 2004 y 2021, y afirma que, a partir de la abdicación del 19 de junio de 2014, las disposiciones del JRM 2004 Trust han sido de cuantías pequeñas; quedan dos interrogantes: "la Fiscalía debería informar de las conclusiones de su eventual investigación de la financiación, las actividades realizadas y las disposiciones de las personas y organizaciones benéficas beneficiarias del Trust entre 2014 y 2021, y aun cuando las disposiciones sean de pequeña cuantía, si se vinculan con el rey emérito invalidarían las complementarias de IRPF presentadas.

LAS NOTIFICACIONES VS LAS REGULARIZACIONES

Entiende que el fiscal da por buena la regularización fiscal del rey emérito referida a los gastos sufragados por la fundación Zagatzka al sostener que la notificación de las Diligencias de investigación 17/2020 y 40/2020 no contenían los hechos regularizados "por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren".

Pero subraya que la Fiscalía Anticorrupción en su escrito del septiembre de 2018 en la pieza separada número 5 (pieza 'Carol') afirmaba que "las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal".

"En este sentido, Gestha emitió un comunicado el pasado día 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones, que han sido publicadas, tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique", sostienen.

Por eso, sostienen que si desde al menos 2018 la Fiscalía Anticorrupción señalaba el riesgo de comisión de delitos fiscales, Gestha se pregunta por qué razón la AEAT y la Fiscalía del Tribunal Supremo no han abierto y notificado sus investigaciones antes de que el rey emérito presentase las dos regularizaciones tributarias de 2 y 3 de febrero de 2021.

Por último, en cuanto a los hechos relativos a las transferencias efectuadas por Sanginés Krause -que estos sí formaron parte de las diligencias de investigación 40/2020-, que fueron notificadas, según se señala expresamente en el comunicado de la Fiscalía, Gestha indica que no se hace referencia alguna a la razón por la que se admite la regularización efectuada el 9 de diciembre de 2020, a pesar de que la notificación, de ser anterior a dicha fecha, impediría los efectos de la misma.