MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) y Vox a la ley orgánica que reforma el Código Penal para castigar con penas de cárcel el acoso a mujeres que acuden a clínicas abortivas, cuyo texto ha sido aprobado y pasa ahora a su debate en el pleno de la Cámara Alta.

El texto remitido por el Congreso e impulsado por el PSOE, indica que los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres", serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.

Además, recoge que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, así como que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.

Ante este texto, el PP ha formulado un veto que ha sido finalmente rechazado con 16 votos en contra, siete a favor y una abstención. El portavoz del Grupo en la Comisión, Fernando de Rosa Toner, ha criticado en su defensa del veto que el PSOE no justifica el texto con "carácter jurídico", sino como una cuestión "meramente ideológica" en la que quiere que "prevalezca" el derecho a la interrupción del embarazo sobre los de libertad de expresión, reunión y opinión "cuando no han entrado en colisión".

Asimismo, ha incidido en que la propuesta confunde los elementos jurídicos de coerción y coacción, lo que, a su juicio, tendrá consecuencias "graves" en los tribunales. En esta línea, ha reclamado especificar una "lista de delitos o infracciones penales".

El veto presentado por Vox, que se ha dado "por defendido", ha sido tumbado con 17 votos en contra --incluido el voto del senador del propio grupo Clemente Sánchez-Garnica, del Partido Aragonés-- y ocho abstenciones.

Por su parte, la vocal de la comisión de Justicia y Senadora del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Donelia Roldán, ha avanzado que se pronunciará ante el veto de Vox "oídos los argumentos" en el pleno de la Cámara, y frente al del PP ha afeado que lo haya "camuflado" en argumentos jurídicos cuando tiene "detrás un posicionamiento ideológico".

"No creen ni soportan que existan estos derechos de interrupción del embarazo y acceso a la salud --ha dicho a los 'populares--. ¿Se imaginan a un grupo en la puerta de un hospital contra cualquier otra prestación sanitaria?", les ha cuestionado, para aseverar que no se puede defender como libertad de expresión a aquellos que acuden a las clínicas a "insultar" a las mujeres y entregarles "ataúdes de niños".

En el turno de portavoces, los del Grupo Vasco (GPV), los Nacionalistas (GPN) y Esquerra Republicana-EH Bildu (GPERB) se han posicionado en contra de los vetos. El portavoz socialista en la Comisión, José María Oleaga Zalvidea, ha calificado de "inconcebible" que el PP considere como libertad de expresión a personas que "gritan epitetos intolerables". "Si este es el nuevo PP de Feijóo, va a hacer bueno a Pablo Casado, que era experto en estos epitetos que lanzaba habitualmente", ha apostillado.

EL TEXTO PASA AL PLENO DEL SENADO

Tras el rechazo a los vetos, el texto ha salido adelante para su debate en el pleno del Senado con 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención --Grupo Mixto--. No se han aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por el GPV, el GPERB y el PP.

No obstante, la vocal de la Comisión y senadora del PSOE María Adrio Taracido ha respondido al Grupo Vasco que le parece una cuestión "interesante" su enmienda de garantizar una zona de seguridad en torno a las clínicas de 150 metros con el objetivo de que quedara "garantizada" la "intimidad", "libertad" y "seguridad" de las mujeres, si bien ha destacado que esto se debatirá en la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el debate del texto, Clemente Sánchez-Garnica, del PAR, que se ha abstenido en la votación, ha manifestado que no pone en duda la "finalidad" de la ley, pero ha pedido que ante la "colisión de derechos" se "reconsidere la posibilidad de concretar conceptos demasiado indeterminados que a la hora de la aplicación práctica pueden llevar a problemas".

En este sentido, el senador 'popular' De Rosa ha reiterado que "la confusión entre coacción y coerción en el texto va a derivar en dudas en los tribunales". Asimismo, ha criticado que ahora se tipifique una conducta que en otras ocasiones el PSOE "ha considerado que no había que tipificarse".

"Vemos que cuando los manifestantes en la Meridiana de Barcelona cortan el derecho a circulación de ciudadanos, dicen que es libertad de expresión y reunión (...). En la colisión de derechos ustedes hacen argumento a favor o en contra según les interesa", ha censurado.

Ante ello, Oleada ha calificado como "curioso" que el PP esté a favor de penalizar ese tipo de situaciones y no hacerlo en el acoso a las mujeres que van a las clínicas abortivas, en estado de vulnerabilidad, a ejercer sus derechos y se encuentran con una "horda de personas llenas de odio" que les causan "riesgo a su salud" y un "dolor importante".