MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La incesante violencia contra migrantes y refugiados recluidos en dos centros de detención de Trípoli ha obligado a Médicos Sin Fronteras (MSF) a suspender temporalmente su actividad en ambas instalaciones, asumiendo que "no puede seguir prestando atención humanitaria y médica" hasta que no se garanticen unas condiciones de seguridad mínimas.

La ONG han denunciado que los malos tratos, los abusos y la violencia se han convertido en una constante desde febrero en los centro de Mabani y Abu Salim. Los equipos de MSF han sido testigos y han recibido informes de al menos tres sucesos que han derivado en graves daños físicos y psicológicos en una semana.

En Mabani, donde están hacinadas unas 2.000 personas, MSF pudo constatar los efectos de una noche de violencia tras la que atendió a 19 pacientes con diversas lesiones. Un niño migrante no acompañado quedó incapacitado para caminar tras sufrir graves heridas en los tobillos.

En el caso de Abu Salim, la ONG ha denunciado "múltiples víctimas" después de que el 13 de junio se utilizasen armas automáticas contra algunos de los internos. Las autoridades negaron el acceso al centro durante los siete días siguientes, lo que derivó a su vez en preocupación por la situación en que podrían encontrarse los heridos.

La coordinadora general de MSF en Libia, Beatrice Lau, ha admitido que la suspensión de actividades en las dos instalaciones "no es una decisión fácil de tomar", en la medida en que implica no estar presentes en lugares donde "la gente sufre a diario", pero considera que el nivel de violencia se ha vuelto "inaceptable".

En este sentido, la directora de operaciones de MSF, Ellen van der Velden, ha incidido en que los migrantes y refugiados ya están "retenidos en condiciones desesperada" y los abusos no hacen sino poner en riesgo sus vidas, por lo que ha emplazado a la Unión Europea a tener en cuenta que Libia no es un puerto seguro para el desembarco de quienes son rescatados en alta mar.

Solo en lo que va de año, más de 14.000 personas han sido interceptadas y devueltas a Libia por la Guardia Costera local, más que en todo 2020, lo que ha derivado en un hacinamiento aún mayor en los centros de detención y en el empeoramiento de las condiciones en estas instalaciones.