Este próximo lunes, 6 de mayo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria se convertirá en el centro de atención judicial y mediático debido al inicio de un juicio que aborda un grave caso de homicidio y conducción temeraria. Dos jóvenes se sentarán en el banquillo de los acusados, enfrentando severas acusaciones por su involucramiento en un fatal accidente que costó la vida de un motociclista de 19 años en las calles de Santander.

El caso, registrado bajo el número Tribunal del Jurado 62/2023, comenzará con la constitución del jurado y los informes previos, seguido por el interrogatorio de los acusados programado para el martes, 7 de mayo, a las 9:40 horas. La tragedia, que ha conmovido a la comunidad local, ocurrió tras una persecución a alta velocidad que terminó en una colisión mortal en el centro de la ciudad.

Según la fiscalía, el incidente comenzó cuando uno de los acusados, estando detenido en un semáforo, inició una aceleración brusca al percatarse de la aproximación rápida del otro vehículo. Este acto dio inicio a un 'pique' que se transformó rápidamente en una carrera ilegal a través de las principales arterias urbanas, incluyendo el túnel de Botín y el Paseo Pereda, alcanzando velocidades superiores a los cien kilómetros por hora, en zonas donde los límites de velocidad están drásticamente reducidos a 40 km/h.

El informe del ministerio fiscal detalla cómo, después de pasar por la rotonda de Puertochico, uno de los vehículos forzó a otro conductor a frenar de emergencia para evitar una colisión, evidenciando un desprecio absoluto por la vida de los demás. La carrera continuó hasta que uno de los coches perdió el control, subió a la mediana y chocó de manera frontal y angular contra el joven motociclista que circulaba correctamente por su carril, lanzándolo a una distancia mortal.

Los acusados fueron sometidos a análisis que confirmaron la presencia de drogas en sus sistemas, lo que agregó una capa adicional de gravedad al ya de por sí lamentable suceso. La fiscalía ha calificado estos actos como un delito de homicidio en concurso con delitos contra la seguridad vial, señalando el manifiesto desprecio por la vida demostrado por los acusados.

La pena solicitada para el conductor que impactó directamente con el ciclomotor es de catorce años de prisión y diez años de privación del derecho a conducir vehículos a motor, con una indemnización de 301.400 euros para la familia del fallecido. Para el otro implicado, se solicita una pena de cuatro años de prisión y las mismas restricciones de conducción.

La acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, también ha presentado cargos graves, solicitando penas aún más severas para ambos acusados, reflejando la profunda herida que este evento ha dejado en la comunidad.

Este juicio no solo será un reflejo de la justicia en acción, sino también un recordatorio crítico de las responsabilidades que todos los conductores tienen al compartir las vías públicas. La comunidad de Santander y los observadores de todo el país estarán atentos a los desarrollos de este caso, esperando que se haga justicia por la vida perdida y se envíe un mensaje claro sobre la intolerancia de la sociedad hacia la imprudencia y la temeridad en las carreteras.