MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha explicado este jueves que su formación apoyó todas las prórrogas del estado de alarma decretado por el Gobierno porque "la gente de moría" y el confinamiento era la única herramienta para intentar evitarlo. Eso sí, ha subrayado que intentó que el segundo estado de alarma no se prorrogara de una vez por seis meses, sino sólo por 30 días.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha recordado que, pese a declarar inconstitucionales ambos estados de alarma, el Tribunal Constitucional ha avalado el confinamiento decretado por el estallido de la pandemia. "El Gobierno eligió mal el instrumento jurídico del que colgaba el confinamiento pero el TC lo avaló como única medida posible", ha enfatizado.

Respecto a la sentencia sobre ese segundo estado de alarma, ha señalado que el TC lo anula por dos aspectos que Ciudadanos ya cuestionó en su momento: su duración y la delegación de competencias a las comunidades autónomas.

Según ha recordado, él mismo le planteó a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo que el segundo se prorrogara inicialmente durante 30 días, tomando como referencia el plazo para las prórrogas que establece la ley para los estados de excepción.

REGISTRARÁ PRÓXIMAMENTE UNA REFORMA LEGAL

En este punto ha avanzado que Ciudadanos va a registrar en el Congreso una propuesta de reforma de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio para dejar claro que las prórrogas de una alarma no podrá exceder los 30 días.

Además, Bal ha señalado que también avisó en su momento, como ahora ha constatado el TC, que el Gobierno no podía delegar competencias a las comunidades para la restricción de derechos fundamentales.

Ciudadanos, ha incidido, propuso entonces en el Congreso que hubiera un mando único como en el primer estado de alarma y que, de no ser así, los mandatarios autonómicos comparecieran en la Cámara regularmente para rendir cuentas de su gestión, una enmienda que la Mesa del Congreso no admitió alegando, conforme al criterio de los letrados, que la Cámara Baja no era competente para controlar a los Ejecutivos autonómicos.