Ven positivo que se fije por ley destinar el 0,7% de la RNB a ayuda al desarrollo y reclaman un Ministerio del ramo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Tanto cooperantes como ONG hacen una valoración positiva en términos generales del anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible presentado por el Gobierno esta semana y coinciden en su petición de que el texto sea aprobado con el mayor consenso político posible para que la futura ley tenga un carácter de Estado y perdure en el tiempo.

"Hace falta el mayor consenso político posible y que se sume el mayor número de partidos para que sea una ley de Estado", subraya en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Irene Bello, si bien incide en que no se puede desvirtuar el texto en aras de lograr dicho respaldo.

"Tiene que haber un apoyo político amplio pero no a cualquier precio", recalca, insistiendo en que el texto "no se puede desvirtuar ni generalizar tanto que haga que la futura ley no sea lo ambiciosa y transformadora que se requiere". En este sentido, Bello incide en que el sistema de cooperación "necesita una reforma integral, no solo esta ley".

El presidente de la Asociación Profesional de Cooperantes (APC), Julián Egea, coincide con ella y expresa su temor a que la ley "solo se apruebe con los votos de la coalición de Gobierno", ya que si se produce un cambio en Moncloa "es probable que la deroguen".

"No se puede hacer una ley que dure dos o tres años", advierte en declaraciones a Europa Press, confiando en que Gobierno y oposición puedan llegar a un "consenso político" para sacar adelante una ley que, a su juicio, "es de sentido común".

LEY APROBADA CUANTO ANTES

Ambos coinciden igualmente en la necesidad de que el texto sea aprobado por las Cortes lo antes posible, ya que es solo el primer paso y tras él será necesario elaborar, entre otros, un nuevo Estatuto de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y un nuevo Estatuto del Cooperante, dos reivindicaciones de larga data y que en el contexto actual tanto la APC como la Coordinadora consideran fundamentales.

Por otra parte, en cuanto a las novedades del anteproyecto ambos celebran que la futura ley recoja el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el "horizonte de 2030".

"Es un paso importante", reconoce Egea, que sin embargo admite que el texto es "un poco ambiguo" y cree que "se debería ser más ambiciosos y fijar la fecha antes" porque de ello depende también en buena medida cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La presidenta de la Coordinadora admite que "es mejor que el compromiso esté a que no esté" pero también considera que "falta concreción" y que sería bueno que el texto "fijara una hoja de ruta" con unos porcentajes a cumplir en determinadas fechas. "No queda tanto para 2030 y en 2022 la previsión es destinar a AOD el 0,28% de la RNB", recuerda.

Lo mismo ocurre con el compromiso de que al menos el 10% de la AOD se destine a acción humanitaria con la fecha de 2030 igualmente en mente. "La ayuda humanitaria ahora es más necesaria que nunca así que no entendemos que la meta se fije en una fecha tan lejana", subraya Egea.

HACE FALTA UN NUEVO MINISTERIO

Tanto la Coordinadora, que agrupa a más de 70 ONG que trabajan en desarrollo así como coordinadoras autonómicas, como la APC, que representa a cooperantes españoles que trabajan en AECID, ONG o la ONU, echan en falta en el texto propuesto por el Gobierno un punto clave: la creación de un nuevo ministerio encargado de la Cooperación y el Desarrollo Sostenible.

En opinión de Egea, la permanencia de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Exteriores "es la mayor falencia de la ley porque va a reproducir los mismos problemas que se suceden desde hace casi 25 años" con la Ley de Cooperación de 1998.

El hecho de que el texto estipule que es Exteriores quien planifica la cooperación "confunde la acción exterior del Estado con la política exterior del Gobierno". A su juicio, "es un error" seguir manteniendo esta estructura ya que considera que la creación de un nuevo ministerio "elevaría el perfil". "Si España quiere ser pionera en este ámbito debería tener un Ministerio como ya lo tienen países como Luxemburgo o Alemania", incide.

Bello reconoce que no le ha sorprendido que esta reivindicación no haya sido incluida en el anteproyecto y aclara que desde la Coordinadora seguirán reclamando la creación de un nuevo ministerio, igual que pedirán aclaraciones y más información sobre otros apartados del texto, que consideran que por el momento no son suficientemente claros.

NUEVO FEDES

Uno de los puntos donde falta concreción es en lo relativo al nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) que reemplazará al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) como instrumento de cooperación financiera. El presidente de APC celebra que dicha cooperación no vaya a estar ligada a la compra de productos españoles y también que deje de ser solo reembolsable, pero echa en falta que no se fije un porcentaje de la que será no reembolsable.

En la APC, consideran que se ha dado "un paso de gigante" con la previsión de que el personal laboral que trabaja para la AECID tenga su propio convenio colectivo dado los problemas actuales para cubrir puestos y también de cara a una mayor profesionalización. En este sentido, también celebran que se vaya a adoptar un nuevo Estatuto del Cooperante, que confían en que reconozca los derechos y brinde una mayor protección de este sector.

Respecto a esta cuestión, su presidente cree que sería muy positivo el que la futura ley también extendiera la acreditación por parte de las embajadas españolas a todos los cooperantes, no solo los de AECID, ya que esto les confiere inmunidad diplomática, algo cada vez más importante ante los problemas legales que están teniendo muchos de ellos al trabajar en países donde no se respetan los Derechos Humanos y la labor que hacen las ONG.

Además, la APC lamenta que en el nuevo Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible no se haya reservado un asiento para los cooperantes, como sí lo tendrá la Coordinadora de ONGD. "Esto es un error porque en último término somos nosotros los que estamos en el terreno y los que ejecutamos la cooperación así que sería importantísimo que tuviéramos voz y voto a la hora de decidir", incide Egea.

Desde la Coordinadora apoyan esta petición. "Lo ideal es que estén todos los actores relevantes para llevar a buen puerto las decisiones", subraya Bello.