Palma, 24 feb (EFE).- El agua procedente de las depuradoras de Palma que se acumula en la balsa de Can Guidet para el riego de terrenos agrícolas del Pla de Sant Jordi, la mayor zona cultivable de la capital balear, presenta niveles de contaminación superiores al límite legal, según la Fiscalía de Medio Ambiente.

En el mismo informe en que expone la contaminación por aguas residuales de la bahía de Palma, la unidad técnica de la Fiscalía señala además que el agua de riego proveniente del sistema de depuración de la capital balear podría suponer un riesgo para la salud humana.

La balsa de Can Guidet está a unos 3 kilómetros de la segunda estación depuradora de aguas residuales de la ciudad (EDAR 2) de la que recibe aguas con tratamiento secundario y terciario que se dedican en épocas de escasez de lluvias al riego de los campos del Pla de Sant Jordi.

En invierno, la mayor parte del caudal de las dos depuradoras de Palma se vierte al mar, mientras que en verano se desvía principalmente a la balsa de riego.

La reutilización agrícola de aguas residuales depuradas está regulada en un decreto de 2007 que fija los umbrales máximos en nematodos intestinales, las bacterias Escherichia coli y Legionella pneumophila, y sólidos en suspensión.

En el informe entregado por la Fiscalía al juzgado de instrucción 12 de Palma, que desde 2018 investiga posibles responsabilidades penales por la contaminación causada por las aguas residuales, se pone de manifiesto el incumplimiento frecuente de esa normativa.

Según los datos aportados al ministerio público por la empresa municipal Emaya, responsable de la gestión del agua en Palma, entre 2014 y 2018, la media anual del grado de vulneración de los límites legales se sitúa en el 5 % tanto en concentración de bacterias Escherichia coli como en sólidos en suspensión.

"Sin embargo, si se analizan los incumplimientos por meses, las superaciones del umbral llegarían al 20 % en los meses estivales, lo que supone un incumplimiento significativo precisamente en los meses de mayor demanda hídrica y de mayor uso del agua de la balsa para riego", indica el informe.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tomó muestras de agua de la balsa en la primavera de 2019 con las que constató la contaminación por sólidos en suspensión, la "elevada concentración de nutrientes", con el consiguiente "riesgo de eutrofización", y la "altísima concentración de estreptococos fecales", valores indicativos de "una importante contaminación microbiológica".

En estos análisis se apreció asimismo que "el sedimento del fondo de la balsa presenta concentraciones muy elevadas de nitrógeno y, sobre todo, de fósforo, indicando la eutrofización de los sedimentos, así como presencia de los metales pesados zinc, plomo y cobre".

En sus conclusiones, el informe entregado al juez de instrucción plantea que, en particular en verano, "se genera un riesgo de afección sobre la salud humana, debido a su utilización para riego de cultivos a pesar de la enorme carga de contaminación microbiológica, superando por mucho los criterios sanitarios establecidos por la normativa de reutilización".

En la presentación junto a la balsa de Can Guidet del proyecto de Parque Agrícola de Palma, el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, aseguró que toda el agua aportada a ese depósito de riego cuenta con depuración terciaria. "Damos un agua con la calidad que corresponde", enfatizó.

El grueso del análisis de la Fiscalía se centra en el impacto sobre el ecosistema de la bahía de Palma de las aguas residuales vertidas al mar sin depurar o con depuración insuficiente.

El juzgado encargó un informe al Instituto Español de Oceanografía que concluye que casi el 38 % de las praderas de posidonia de la bahía han desaparecido como consecuencia directa de los vertidos de aguas contaminadas a través de los emisarios submarinos.

Además, otro estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero de España a instancias del mismo juzgado determinó que 8,2 kilómetros cuadrados del lecho marino en el entorno inmediato de estos aliviaderos están contaminados por metales pesados. EFE

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