Dada la dificultad de llegar a ningún pacto entre los dos partidos con opciones de gobernar este país, el próximo candidato debería ser un "mediador". Se evitaría, de esta forma, tener que recurrir a un comisario europeo para que medie en un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Es la segunda vez, en las escasas semanas que Pedro Sánchez ha dejado de estar en funciones, que una fuerza política le exige la figura de un mediador para aceptar una negociación. Hay quien pensará que su facilidad para cambiar de criterio obliga a sus interlocutores a solicitar un testigo de lo hablado y pactado. Aun así, también podría ser un intento, por parte del PP, de dilatar en el tiempo la renovación de un órgano constitucional que lleva cinco años en funciones con cientos de plazas de magistrados sin cubrir en diferentes juzgados; sobre todo en el Supremo.

Tampoco es descartable que, a pesar del escándalo que suscitó entre las filas del PP, la exigencia de Puigdemont de un mediador en sus pactos con Moncloa, ahora ellos exijan lo mismo para no ser menos que el prófugo.

Dicho lo cual quien sale peor parada de esta nueva "moda", producto de la crispación política y la incapacidad de negociar ningún acuerdo de la actual clase política, es la imagen de España en el exterior. Pese a que el PP y el PSOE han intentado meter al comisario Reynders en sus desavenencias nunca llegó a creer que acabaría de "mediador".

En la reunión en el Congreso de los Diputados, el viernes, entre Sánchez y Feijoo, se llegó también al acuerdo de modificar el texto de la Carta Magna para retirar la palabra "disminuidos". Dado que las expectativas sobre cualquier pacto estaban bajo mínimos, y que su último choque en el hemiciclo había acabado con un "para Vd la perra gorda", algo es algo.

Aun así, cuando el texto de la Constitución está necesitado de una actualización acorde con los cambios sociales y políticos, resulta llamativo que el único consenso se logre para modificar un término lingüístico políticamente incorrecto. Habrá quien lo equipare a la introducción del "todas, todos y todes".

Fue la Real Academia de la Lengua la que solicitó la modificación del término "disminuidos" por "discapacitados" en febrero de este año. Sin embargo, representantes del sector, como CERMI, consideran que sustituir un término por otro es una "ofensa al colectivo" y exigen la definición de "personas con discapacidad". En un durísimo alegato, rechazaron que "políticos oportunistas y frívolos crean que cambiar el leguaje cambia el mundo cuando sus prácticas los contradicen".

Pero, como las expectativas del encuentro eran las que eran, solo cabe confiar en que, al menos en estos dos puntos, se llegue a un consenso escuchando al "mediador" y a los colectivos.