​Estos días ha sido noticia el inicio de la XV legislatura, con la constitución de las Cortes Generales y la elección de los miembros de las Mesas de las dos Cámaras. En el Congreso de los Diputados resultó elegida Francina Armengol con el apoyo de los partidos que forman el ejecutivo y de todos los separatistas, incluidos los diputados de Junts, lo que ha dejado claro cuál va a ser el resultado de la investidura del presidente del gobierno, si es que aún quedaba alguna duda.

Y es que una cosa son las declaraciones altisonantes de los independentistas sembrando confusión acerca de si darán o no su apoyo a Sánchez y las exigencias para ello, y otra cosa es el hecho de que ni en sus mejores sueños podrían imaginar que de ellos dependiera la posibilidad de hacer o no presidente a un personaje dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder, lo que le garantiza todos esos apoyos.​Hace unos pocos años hubiese resultado inimaginable la posibilidad de que el gobierno de España pudiese hacerse depender de aquellas fuerzas políticas empeñadas en quebrar su unidad, y mucho menos de un prófugo de la justicia que se ha dedicado, desde hace mucho tiempo, a cuestionar sin límite alguno las instituciones del Estado español, al que intentó desprestigiar de todas las formas posibles.

Pero es que la realidad supera con creces cualquier escenario de ficción que se hubiese podido imaginar hace algún tiempo. La deriva que está tomando nuestro país desafía las más elementales reglas del sentido común, pues carece de toda lógica hacer descansar la gobernabilidad de un Estado sobre aquellas opciones políticas cuyo objetivo expresamente confesado es destruir ese mismo Estado mediante métodos inconstitucionales plasmados en alguna modalidad de referéndum de autodeterminación, que exigen como condición para hacer viable la legislatura que ahora comienza. Esta petición, que hoy en día podría parecer un imposible absoluto estará sobre la mesa de negociaciones de forma permanente y constante, y veremos cómo se van creando y justificando mecanismos para hacerla real de una manera u otra, sobre todo cuando el gobierno cuenta con un Tribunal Constitucional con una composición muy favorable a sus intereses.

Y es que al principio de la anterior legislatura también parecía imposible que se indultase a los líderes que condujeron a la declaración unilateral de independencia de Cataluña de los graves delitos por los que fueron condenados por el Tribunal Supremo, y qué decir de la posibilidad, otrora inimaginable, de que se suprimiese el delito de sedición o se redujese el de malversación de fondos públicos. Pero es que vivimos en un país en el que cualquier actuación dirigida a la autodestrucción del Estado no sólo es posible, sino que se convierte en real por mor de un gobierno sin escrúpulos, para el que el interés general de España cede siempre ante el interés particular de permanecer en el poder. No sé lo que nos deparará esta legislatura que ahora comienza, pero lo que es evidente es que el precio que vamos a pagar como país por el apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez va a ser muy alto, seguramente más alto de lo que en estos momentos nos podemos imaginar, de modo que, si bien es imposible saber, a día de hoy, qué sorpresas nos depararán los próximos años, sin embargo, podemos empezar a hacernos una idea, teniendo en cuenta el rumbo que ha tomado, desde sus inicios, esta nueva legislatura.