ESTOS días ha sido noticia el encargo del Rey a Sánchez para que se presente a la investidura con el objetivo de alcanzar la mayoría necesaria para ser proclamado presidente por el Congreso de los Diputados y, de este modo, se pueda formar gobierno, ese gobierno supuestamente progresista, que tendrá que estar sostenido por fuerzas políticas netamente conservadoras, además de por independentistas, filoetarras, y los comunistas que formarían parte del propio ejecutivo.

Pero para conseguir esto es necesario acceder a las exigencias de los separatistas, una amnistía inmediata por los delitos cometidos durante todo el proceso que condujo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, y trabajar por la celebración de un referéndum de autodeterminación; algo que hasta ahora parecía totalmente inasumible, manifiestamente inconstitucional  prácticamente para todos, incluidos los propios líderes socialistas, y que para ser digerido, aceptado y aprobado exigirá un enorme ejercicio propagandístico dirigido a sostener el relato que empezará a gestarse a partir de este momento.

Resulta sorprendente la capacidad de nuestros actuales gobernantes para hacernos tragar con ruedas de molino, para decirnos una cosa y, poco después, la contraria, y pretender que todo nos parezca razonable. Y lo más llamativo es que hay un importante sector de la población española que acepta a pies juntillas todos estos discursos, y con el mismo ardor que defendían hace bien poco que había que condenar por rebelión a los inductores y autores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, cuando así lo sostenía Sánchez, ahora serán capaces de mantener, con la misma vehemencia, que hay que declarar una amnistía para todos ellos, reconociendo que los medios de defensa empleados por el Estado, incluidas las sentencias de los tribunales, deben eliminarse de un plumazo en aras de la convivencia.

Lo que hace bien poco era manifiestamente inconstitucional, ahora tendrá un claro encaje en nuestra norma magna, lo que antes era una inmoralidad inconcebible que atentaba contra el principio de igualdad en beneficio de unos políticos que habían delinquido gravemente y habían atentado contra los intereses del Estado, ahora será una medida adecuada y necesaria para cicatrizar heridas y seguir avanzando en la construcción de esa España progresista que ahora acepta dejar su gobernabilidad en manos de un prófugo de la justicia. Lo que a todas luces son medidas cuyo único objeto es mantener en el poder al actual presidente, aparecerán como acciones que se adoptan pensando únicamente en el interés general de España y de todos los españoles.

Seguramente en las próximas fechas asistiremos a un enorme despliegue mediático, a una inmensa acción pedagógica dirigida desde la Moncloa para que seamos capaces de entender lo absolutamente necesarias que son para nuestro futuro y nuestro bienestar, una ley de amnistía y una consulta o referéndum sobre la autodeterminación que, de algún modo, ahora sí tendrán encaje en la Constitución, pues no hay que perder de vista que los cambios de opinión han pasado a ser algo sumamente positivo y, por supuesto, de lo más progresista. Tendremos ocasión de comprobar cómo con la ayuda de la mayor parte de los medios de comunicación, entregados sin fisuras a los mensajes altamente progresistas que emanarán desde la Moncloa, se demostrará, una vez más, que en España somos capaces de tragar con todo, y es que, en este momento, está claro que ha llegado la hora del relato.