ESTOS días ha sido noticia la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ‘proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’ y, en particular, de las enmiendas relativas a extender la impunidad al delito de terrorismo, dando lugar a un debate, en buena medida falseado, que trata de ocultar el hecho de que la proposición de Ley de amnistía en su redacción original ya prevé que esta se extienda a los delitos de terrorismo, los cuales únicamente quedarán excluidos «siempre y cuando haya recaído sentencia firme» en relación con los mismos, lo cual no ha ocurrido en ningún caso respecto de los hechos que tuvieron lugar en las fechas previas a la declaración unilateral de independencia de 27 de octubre de 2017, de modo que los actos terroristas perpetrados entonces sí van a resultar impunes como consecuencia de la aprobación de esta ley, cuya actual redacción ya ampara a los terroristas respecto de los que no haya recaído sentencia firme, es decir, a todos los que cometieron estos execrables delitos en aquellos años.

La mentira, la ocultación de la verdad, y el falseamiento de una realidad que se pretende desvirtuar y retorcer hasta hacerla irreconocible, es uno de los signos distintivos de un proyecto normativo diseñado y redactado en buena medida por los propios delincuentes, a quienes la ley beneficia al borrar de un plumazo todos sus crímenes. La progresiva degeneración a la que se está conduciendo a nuestro Estado de derecho va a tener, con la aprobación de esta ley, uno de sus episodios más graves y siniestros, puesto que todos los atentados cometidos en aquellos años contra ese estado democrático, basado en el imperio de la ley, no sólo van a ser perdonados, sino que se les va a otorgar un halo de legitimidad y razonabilidad, al mismo tiempo que se demoniza y se acosa a los servidores públicos que hicieron todo lo posible para evitar y perseguir aquella avalancha de comportamientos delictivos, poniendo ahora en el punto de mira a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces y magistrados que intentaron aplicar los mecanismos con los que cuenta un Estado de derecho para hacer cumplir la ley.

Para terminar de cerrar el círculo de la degradación política y jurídica, desde el gobierno y las potentísimas terminales mediáticas que le amparan, se ha lanzado una campaña de desprestigio contra determinados jueces, a quienes algunos miembros del gobierno, asumiendo sin ningún tipo de pudor ni de contención el relato de los separatistas, de condenados por delitos de terrorismo, y de los sectores más radicales de la extrema izquierda, les acusan de abusos judiciales, de instrumentalización de la justicia o de judicialización de la política, lo que últimamente se ha venido en denominar «lawfare», y ello por el hecho de seguir investigando supuestos delitos de terrorismo, en el ejercicio de una función judicial que cada vez se encuentra más intervenida desde un poder ejecutivo que, día a día, va minando la división de poderes, atenazando al legislativo y al judicial y, con ello, poniendo en riesgo y en serio peligro los principios y valores más elementales de nuestra democracia. De este modo, avanzamos hacia un peligroso escenario en el que todo se vuelve del revés, en el que los delincuentes redactan las leyes que han de juzgarles, los jueces pasan a ser controlados por comisarios políticos bajo la fórmula de comisiones parlamentarias y, por supuesto, se concede amnistía para los terroristas. 

(*) Francisco Javier Fernández González,  Profesor de Derecho Administrativo y abogado