Los programas electorales deberían ir acompañados, al igual que las medidas del Gobierno, de una Memoria Económica, un plazo de cumplimiento y un compromiso de revisión anual. En el caso de los gobiernos eso serviría para eliminar o revisar las leyes que no hubieran cumplido sus objetivos o que se hubieran demostrado ineficientes, porque, si se hiciera así, nos ahorraríamos muchos problemas y habría más seguridad jurídica. En el caso de los programas electorales, esa revisión anual, una vez ganadas las elecciones, serviría de termómetro y no tendríamos que esperar cuatro años para comprobar si nos han engañado o no.

Es curioso que en la campaña electoral todos los partidos desgranan propuestas que saben que no se pueden y, en algunos casos, que no se van a cumplir. Los que salen del Gobierno aprovechan las últimas semanas para repartir dinero como si no hubiera mañana y para prometer cosas que no han querido hacer en los cuatro años que han disfrutado del poder. Dejan las arcas vacías y no explican por qué no lo hicieron cuando podían. Entre los que aspiran a ganar hay dos tipos diferentes: los que saben que no van a ganar prometen lo que sea, sin red, y los que tienen esperanzas, son más comedidos aunque hacen más de un brindis al sol.

De momento, aunque hay tiempo para mucho más, la promesa más llamativa es la de Sumar: 20.000 euros para todos los jóvenes de más de 18 años, que, al parecer, cobrarían a los 23, para emprender o para reforzar su formación. Aunque no hay memoria económica ni datos, parece que de esa medida podrían beneficiarse 500.000 jóvenes al año, lo que supone unos 10.000 millones al año, un uno por ciento del PIB de mayor gasto.

La idea no es mala, aunque no sé por qué se fija sólo en esa franja de edad y no en otras donde también hay graves problemas. También podría haber sido un préstamo a interés cero a devolver en diez o quince años y reinvertir lo recuperado. Podían haber puesto limitaciones de renta porque el pan para todos no es equidad y beneficia a los que más tienen. Pero lo más importante es que algunos creen que el dinero se fabrica y sale de la nada y que solo hace falta repartirlo. Cuando les han preguntado a los de Sumar de donde saldrá el dinero han dicho que "de más impuestos a los ricos". Y ya está.

¿Quiénes son ricos y cuántos hay en España? ¿Dónde ponemos el listón? ¿100.000 euros, 300.000, más? En esas cifras se pagan impuestos de entre el 45 y 47 por ciento. ¿Cuánto más le harán pagar a cada uno? Según datos fiables hay 8.200 ciudadanos que ganan más de 600.000 euros. ¿Hablamos de personas individuales o de grandes empresas? ¿Cuánto ha recaudado en 2022 el Estado de las empresas, grandes o medianas? Si parece justo recaudar más, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Cómo afectará eso a personas y empresas? ¿Buscarán otras localizaciones fiscales quienes se vean damnificados?

Con el dinero ajeno, cualquiera arregla su finca. Pero el Ministerio de Trabajo que todavía dirige la vicepresidenta del Gobierno y cabeza única de Sumar, a pesar de lo logrado, se quedó con la reforma laboral de Rajoy que había prometido derogar, tiene unas cifras de paro que doblan la media europea, un paro juvenil que casi triplica el de Europa, unos Servicios Públicos de Empleo que no sirven para dar empleo a nadie -denunciado por los propios sindicatos-, unas cotizaciones sociales excesivamente elevadas, una falta de formación para los que se quedan sin trabajo y, encima, sus socios de Gobierno pretendían aprobar un Estatuto del becario que iba a cerrar las puertas de las empresas a miles de estudiantes. Hay ciento cincuenta mil puestos de trabajo que no se cubren porque no hay profesionales preparados y más de un tercio del empleo creado en la legislatura es público, un sector donde el absentismo es un 29 por ciento más elevado que la media nacional. Ideas buenas, todas, pero con el dinero encima de la mesa y sin engañar ni atracar a nadie.