Es la definición canónica y legalmente encuentra soporte en el Artículo 28 de Constitución. En España nunca fue secreto que los dos mayoritarios -CC.OO. y UGT- siempre fueron señalados como correas de transmisión de los partidos de la izquierda, Comisiones del PCE y UGT del PSOE.

Esa contigüidad política que tenía su lógica en los años finales de la dictadura evolucionó hasta adquirir cotas reales de autonomía respecto de los mencionados partidos hasta el punto de que en el caso de la UGT, con el histórico dirigente socialistas Nicolás Redondo a la cabeza, le convocaron en diciembre de 1988 una huelga general al Gobierno de Felipe González secundada por CC.OO. en protesta por una reforma laboral y el abaratamiento de los despidos. Aquella huelga paralizó el país y apagó las emisiones de TVE. En el límite de la discrepancia con el Gobierno socialista Redondo llegó incluso a renunciar a su acta de diputado en el Congreso.

Eran otros tiempos. Los sindicatos tenían miles de afiliados que pagaban sus cuotas y actuaban de manera autónoma. Con el paso del tiempo, salvo en las empresas públicas, fue decreciendo la afiliación y transformados como estaban en grandes estructuras burocratizadas- al igual que la patronal CEOE- los sindicatos descubrieron las subvenciones gubernamentales e iniciaron el camino de sumisión al Gobierno de turno. Con mayor descaro cuando el Ejecutivo era de izquierdas.

Pasó con Zapatero y ha llegado al máximo exponente de servidumbre con el Gobierno actual cuando en las manifestaciones del 1º de Mayo, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, dejaron en un segunda plano el mitin obrerista propio de la celebración- con el corolario ritual del canto de la Internacional- para aderezar una homilía calcada del último mantra sobre la regeneración democrática que gusta repetir Pedro Sánchez desde que regresó de sus cinco días de ausencia y teatro escénico. Hay un viejo dicho que resume bien esta situación: quien paga, manda. Pues eso, para qué darle más vueltas.