El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del Gobierno de España contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció el derecho de la comunidad a recibir los 22 millones de euros pendientes de la anualidad de Valdecilla de 2016 a través de la firma de un convenio con el Estado.

Ese cantidad fue consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 pero Cantabria no llegó a recibirla y presentó un recurso contra su impago ante la Audiencia Nacional, que lo estimó parcialmente en una sentencia el pasado febrero.

En una providencia fechada el 3 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmite el recurso del Abogado del Estado contra esta sentencia por "carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; así como por falta de relevancia del resto de las infracciones denunciadas".

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso del Gobierno de Cantabria, partiendo de la premisa de que la sola consignación presupuestaria "no es fuente generadora de obligación ninguna" siendo preciso un convenio, que la comunidad, según su sentencia, tenía derecho a suscribir "en aplicación del principio de confianza legítima y seguridad jurídica" .

"Teniendo en cuenta lo anterior, carecen de interés casacional las alegaciones del Abogado del Estado que denuncian la infracción del principio de confianza legítima; alegaciones que únicamente evidencian la discrepancia en la aplicación de la jurisprudencia existente y en la valoración que la Sala ha realizado de las diversas actuaciones de la Administración", argumenta el tribunal.

Dice además que esas alegaciones parten de una perspectiva distinta a la manifestada por el Supremo en una sentencia de 2016, en la que declaró no haber lugar al recurso planteado en su momento por el Abogado del Estado y consideró bien aplicado el principio de confianza legítima.

El Supremo impone las costas procesales al recurrente en su resolución, contra la que no cabe recurso y por tanto, es firme.PRC. Insta al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez (PSOE), a que "no demore" el pago de los 22 millones no abonados correspondientes al ejercicio de 2016 por las obras de Valdecilla después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón al Ejecutivo cántabro.

Los regionalistas se han pronunciado así después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido, en una providencia dictada el 3 de diciembre, el recurso presentado por el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, contra la sentencia de finales de enero de 2020 de la Audiencia Nacional que reconocía el derecho de Cantabria a recibir estos 22 millones de euros de la anualidad no abonada en 2016.

La secretaria de Organización del PRC y consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno regional, Paula Fernández, ha lamentado, en un comunicado, que se haya llegado a esta tesitura por el "empecinamiento" del Gobierno central que, "en una decisión política", decidió recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificaba el pago de la anualidad de 2016 de Valdecilla impagada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Lo dijimos en el Parlamento cántabro y lo defendimos en el Congreso y en el Senado que esos 22 millones son de los cántabros y deben ser pagados. Que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez lo único que conseguía era dilatar en el tiempo el pago de una deuda histórica con Cantabria", ha precisado.

Por ello, ha urgido al Ejecutivo central a que "habilite ya todos los mecanismos necesarios" para que esos 22 millones de euros "ingresen cuanto antes en las cuentas públicas del Gobierno de Cantabria".

"Es un derecho reconocido y avalado por los tribunales y no tiene ningún sentido que aún no esté a disposición de los ciudadanos de la comunidad autónoma, especialmente, en los momentos tan críticos que estamos viviendo", ha apostillado.

La secretaria de Organización del PRC ha recordado que el secretario general de los regionalistas instó a Pedro Sánchez en todas las reuniones celebradas por la Conferencia de Presidentes a que el Estado no presentara el recurso de casación a la sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba el pago de los 22 millones de euros impagados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2016.

"El Estado decidió recurrir, en un gesto de hostilidad contra Cantabria que no tenía sentido, y el tiempo nos ha dado la razón. Esperemos que los 22 millones de euros, que se suman a los 44 previstos en los Presupuestos del Estado para 2021, lleguen antes de que acabe del año", ha concluido.