La Guardia Civil continúa este martes con las labores de registro de las propiedades de un empresario de Villacarrillo (Jaén), al que se investiga por la desaparición de un hombre, originario de Senegal, que trabajó en sus fincas como jornalero.

Según han confirmado fuentes del TSJA, el Juzgado número 1 de Villacarrillo (Jaén) coordina la intervención policial, que desde este lunes se está llevando a cabo en una garaje y dos viviendas del empresario. De momento, el propietario no ha sido detenido.

Las mismas fuentes aseguran que el hombre está presente en la inspección ocular que se está realizando sobre el terreno, junto a su abogado, y se ha acogido a su derecho a no declarar.

El desaparecido es Ibrahima Diouf, que hoy tendría 33 años, que mide unos dos metros de altura y pesa unos 90 kilos, según los datos que ofreció la asociación SOS Desaparecidos cuando sus conocidos dieron la voz de alarma. La última vez que se tuvo noticias de él fue el 5 de enero de 2021.

El hombre desaparecido en 2013 es Tidiany Coulibaly, que tenía entonces 22 años. Se perdió su rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección, según apunta Europa Press.

El juez que instruye esta segunda desaparición ha decretado el secreto del sumario, por lo que no es posible conocer muchos más detalles sobre la investigación que ha conducido de nuevo hasta la misma persona como sospechoso, más allá de que ambos desaparecidos habían trabajado como jornaleros en sus fincas y, al parecer, habrían mantenido algún tipo de discusión por las condiciones laborales.

Se da la circunstancia, según apunta la agencia Europa Press, que a la persona investigada ya se le relacionó con la desaparición de otro jornalero, aunque finalmente el tribunal lo absolvió por falta de pruebas. De aquel proceso sí resultó una condena por atentar contra los derechos laborales de los trabajadores, por las condiciones que imponía a sus cuadrillas, y por defraudar fluido eléctrico, pues se abastecía a través de un enganche ilegal. Durante el proceso, habría presionado a una pareja para que declarara a su favor y también se le condenó por un delito contra la administración de Justicia.