Las defensas de los cuatro acusados por la supuesta violación grupal a una joven en verano de 2022 en Santander mantuvieron su petición de absolución para los imputados, argumentando que las relaciones fueron "consentidas" por la presunta víctima. En la última sesión del juicio, proporcionaron una serie de argumentos detallados para respaldar su posición.

En primer lugar, afirmaron que la denunciante estaba consciente y en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los hechos, a pesar de haber consumido alcohol y drogas. Sostuvieron que la joven participó de forma voluntaria y activa en las relaciones sexuales con los acusados. Argumentaron que la joven, en un estado de ánimo particular aquella noche, buscaba experiencias emocionantes y no expresó una negativa clara y continua a las interacciones sexuales. Además, destacaron que, según su análisis de las pruebas presentadas, solo hubo dos ocasiones en las que la denunciante manifestó alguna forma de negativa, las cuales no se llevaron a cabo.

Las defensas también señalaron supuestas contradicciones en las declaraciones de la víctima y argumentaron que estas discrepancias socavaban la credibilidad de su testimonio. Además, hicieron referencia a los vídeos de las cámaras de seguridad, los cuales, según ellos, mostraban a la joven aparentemente consciente y no pidiendo auxilio.

Asimismo, rechazaron cualquier comparación con el caso de La Manada en San Fermín de 2016, enfatizando las diferencias sustanciales entre ambos casos. Subrayaron que, en este caso, la joven accedió voluntariamente al dormitorio donde ocurrieron los hechos y no fue arrastrada ni retenida por los acusados. También mencionaron el estado emocional previo de la joven, quien padecía trastornos y había experimentado relaciones abusivas en el pasado, lo cual, según las defensas, podría haber influido en su comportamiento y percepción de los eventos.

Por último, resaltaron las contradicciones en los testimonios de algunos de los acusados, atribuyéndolos a la presión y la juventud de estos. Argumentaron que estas contradicciones no eran indicativas de culpabilidad y pidieron al tribunal que respetara la presunción de inocencia de los acusados.

En contraste, el fiscal del caso mantuvo su petición de más de cien años de prisión para los acusados y solicitó una indemnización de 100.000 euros para la joven, a quien describió como víctima de una situación traumática y salvaje.

Tras los alegatos finales, el juicio ha quedado visto para sentencia, y ahora corresponderá al tribunal decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados en función de las pruebas y argumentos presentados durante el proceso.