La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres hombres como autores de un delito contra la salud y de otro de integración en grupo criminal, a tres años y medio de prisión y 24.500 euros de multa para cada uno, por formar una red dedicada a introducir cocaína en Cantabria procedente de Madrid.

La vista no se ha llegado a celebrar, ya que la fiscalía ha alcanzado un acuerdo con la defensa de los acusados al considerar que en los tres casos concurre la circunstancia atenuante de drogadicción, informa este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado.

Esta circunstancia atenuante ha llevado al ministerio público a reducir la petición de condena, que inicialmente era de cuatro años de cárcel y 30.000 euros de multa para cada uno por el delito de tráfico de drogas, y de un año de prisión para cada uno por el delito de integración en grupo criminal.

Los tres acusados han reconocido los hechos y se han conformado con las penas ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que tenía previsto celebrar el juicio esta mañana y que ahora dictará sentencia en los términos del acuerdo alcanzado por las partes.

Según el relato de hechos del escrito de acusación, que se llevará a la sentencia, este grupo criminal actuó durante desde 2021 hasta principios de 2022.

Uno de los acusados ejercía de jefe y encargaba a otro, que era transportista, que realizara sucesivos viajes a la localidad madrileña de Alcobendas.

Allí, el transportista recogía la droga de manos del tercero de los acusados. Una vez en Cantabria, la sustancia se guardaba en el domicilio del primero.

En enero de 2022, se les empezó a seguir y, cuando el transportista llegó a Madrid y contactó con el tercero de los acusados la Policía, abortó la entrega de la droga, cogiendo 670 gramos de cocaína y 41.950 euros que el llegado de Cantabria pensaba entregarle.

En el registro de los domicilios de los tres acusados se encontró dinero procedente de la venta de sustancias estupefacientes, un vehículo adquirido con dinero obtenido de la misma forma y diversos elementos destinados a la preparación de la droga.

La Fiscalía considera los hechos un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y otro de integración en grupo criminal.

Por el primero de los delitos el ministerio fiscal ha solicitado, y así lo han aceptado los acusados, tres años de prisión y multa de 24.500 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 5.000 euros impagados.

Por el segundo de los delitos, la pena que será impuesta por el tribunal es de seis meses. EFE

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