El juez suspende la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre por “resistencia emocional” del menor

Un nuevo giro judicial ha reabierto el caso de Juana Rivas, cuando todo parecía sentenciado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Familia de Granada ha decidido, este martes 22 de julio, suspender la entrega del menor Daniel Arcuri Rivas a su padre, Francesco Arcuri, tal y como estaba previsto por orden judicial. La decisión ha sido adoptada después de las 14:30 horas, tras conocer el informe de los técnicos del Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía.

Motivos para aplazar la entrega

El auto judicial señala que "por dificultades de ejecución en la entrega" y teniendo en cuenta las circunstancias comunicadas por el equipo técnico del centro, resulta improcedente proceder a la devolución inmediata del menor a su progenitor. Según fuentes judiciales, el menor fue evaluado por un psicólogo, quien detectó indicios de resistencia emocional.

El juez destaca que “es absolutamente descartable que se emplee en la entrega ningún tipo de fuerza física o coacción”, un argumento clave que justifica el aplazamiento. En este contexto, Juana Rivas ha sido citada para el viernes 25 de julio en un lugar aún por determinar, para garantizar el respeto al superior interés del menor y evitar una exposición innecesaria.

Una mañana tensa y mediática

Durante la mañana, se había intentado proceder con la entrega en el punto de encuentro familiar de Granada, tal y como dictaba la orden judicial. Sin embargo, el ambiente fue extremadamente tenso y cargado de expectación mediática. Rivas llegó con sus hijos a las 10:30 horas, visiblemente afectada. A las 10:40, cuando parecía que se iba a ejecutar la orden, la madre sufrió una crisis de ansiedad y fue evacuada en ambulancia, sin que se consumara el traspaso de custodia.

El menor, Daniel, de 11 años, manifestó a la prensa a las puertas del centro: “No me quiero ir, me va a matar como vuelva, no puedo volver”, una declaración que, aunque no oficial, ha tenido fuerte repercusión mediática y social. Fue su hermano mayor, Gabriel, quien lo acompañó tras abandonar el recinto.

Crisis entre jurisdicciones y fallo del Tribunal Constitucional

La entrega del menor se enmarca en una sentencia firme de la Corte de Apelación de Cagliari (Italia), que concede la custodia exclusiva al padre, quien reside en la isla de Cerdeña. Rivas ha tratado sin éxito de frenar la medida judicial a través de varios recursos, el último ante el Tribunal Constitucional español, que rechazó este mismo martes su recurso de amparo, por considerarlo prematuro y sin trascendencia constitucional.

Los magistrados del Constitucional argumentaron que aún no se había agotado la vía judicial ordinaria, dado que la resolución estaba apelada ante la Audiencia Provincial de Granada, y que además no se habían acreditado debidamente ciertos requisitos procesales, como el poder del procurador.

Posturas enfrentadas entre las partes

Las reacciones han sido inmediatas. Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, denunció lo que considera una puesta en escena: “Se ha forzado al menor a declarar que no quería irse. Ha sido todo una vergüenza. El coche de Rivas pudo aparcar en la puerta, pero se hizo todo con teatralidad”. Para Zambrano, el niño ya expresó su voluntad de volver a Italia en otras ocasiones y acusa a Juana Rivas de manipulación emocional.

Por su parte, Paqui Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena, denunció que se está obligando a un niño a volver con su presunto agresor, en referencia al proceso judicial pendiente por malos tratos contra Arcuri en Italia. Según Granados, “se han vulnerado los derechos fundamentales del menor” y advierte que el caso no está cerrado: "Llevaremos el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario".

Próxima cita judicial: viernes 25 de julio

El juzgado ha fijado una nueva comparecencia para el viernes 25 de julio, día en el que Juana Rivas deberá acudir a un lugar aún no revelado, acompañado de su hijo menor. Además, el próximo miércoles 23, se ha convocado a las partes y al Ministerio Fiscal para revisar el cumplimiento de la sentencia italiana y avanzar en una solución legal viable.