Marlaska fulmina el grupo que investigaba las polémicas operaciones de Plus Ultra
La unidad especializada Ares, creada en Barajas para investigar delitos relacionados con la seguridad aérea, fue desmantelada justo cuando preparaba el traslado de un expediente sobre Plus Ultra a la autoridad supervisora aeronáutica.
Según publica THE OBJECTIVE, la Guardia Civil desmanteló recientemente el grupo especializado que investigaba supuestas irregularidades de seguridad aérea cometidas por la aerolínea Plus Ultra en varios vuelos internacionales realizados entre 2022 y 2025.
La unidad, conocida internamente como Ares, operaba desde hace una década en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y estaba integrada por agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil especializados en seguridad aérea, control aduanero, narcotráfico y tráfico de personas.
Según la información publicada, este pequeño grupo de agentes tenía como misión investigar posibles vulneraciones de la normativa aeronáutica que, en muchos casos, no eran supervisadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) debido a limitaciones de recursos.
Las pesquisas desarrolladas por el grupo Ares se centraron especialmente en posibles delitos de falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento presuntamente cometidos por la compañía hispano-venezolana.
Los vuelos investigados por la Guardia Civil
La investigación se centró en varios vuelos internacionales de Plus Ultra considerados especialmente sensibles por los agentes.
Entre ellos figuraba un vuelo Caracas-Madrid de enero de 2023 que tuvo que aterrizar de emergencia en Tenerife, así como un trayecto Madrid-Bogotá realizado en agosto de 2024.
Sin embargo, el vuelo que más preocupó a los investigadores fue un Madrid-Malabo efectuado en noviembre de 2023.
Según publica THE OBJECTIVE, ese avión habría despegado desde Barajas con cerca de diez toneladas de sobrepeso, una circunstancia que habría comprometido la seguridad tanto de la tripulación como de los pasajeros.
Los investigadores sospechan además que posteriormente se habrían producido alteraciones documentales y ocultaciones de información relacionadas con los planes de vuelo.
De acuerdo con la información publicada, algunos trabajadores de la compañía habrían recibido presiones internas para modificar o esconder documentación vinculada a esos trayectos.
La Guardia Civil llegó a citar a varios pilotos y empleados de la aerolínea para prestar declaración como testigos durante el verano de 2024.
La propia compañía habría reconocido que esas declaraciones se produjeron.
Las maletas venezolanas y el denominado “Delcygate II”
La investigación sobre Plus Ultra también coincidió con otro episodio polémico relacionado con vuelos procedentes de Venezuela.
THE OBJECTIVE recuerda que el 13 de marzo de 2023 el Gobierno venezolano habría utilizado un avión de Plus Ultra para introducir en España 79 maletas bajo la consideración de valija diplomática.
Según la información publicada anteriormente por ese medio, el equipaje no habría pasado controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas.
El caso fue bautizado mediáticamente como una especie de “Delcygate II” por sus similitudes con el conocido episodio protagonizado años antes por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
La situación generó fuertes críticas políticas y alimentó las sospechas sobre la relación entre determinados sectores del Gobierno español y el régimen venezolano.
El expediente terminó en la Fiscalía
Tras meses de investigación, el grupo Ares elaboró un expediente que, según fuentes citadas por THE OBJECTIVE, contenía indicios “sólidos y claros” de irregularidades cometidas por Plus Ultra.
La documentación fue remitida posteriormente a la Fiscalía Provincial de Madrid.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes para iniciar diligencias penales contra la compañía aérea.
Por ese motivo, el caso no derivó en una investigación judicial formal y el expediente fue enviado finalmente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Según publica THE OBJECTIVE, el grupo Ares tenía previsto reunirse con AESA en marzo de 2025 debido a la gravedad de los hechos detectados durante las pesquisas.
Fue precisamente en ese momento cuando la Guardia Civil decidió disolver la unidad especializada.
La disolución del grupo Ares
La desaparición de la unidad Ares ha generado inquietud entre fuentes próximas a la investigación.
Según publica THE OBJECTIVE, el desmantelamiento se produjo justo cuando el expediente estaba preparado para iniciar la vía administrativa ante la autoridad supervisora aérea.
“La cadena institucional se corta justo en ese punto. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora”, señala una fuente citada por el periódico.
Desde entonces, no constan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación sobre Plus Ultra ni tampoco sanciones oficiales por parte de AESA contra la compañía.
La situación ha despertado interrogantes sobre las razones que motivaron la desaparición del grupo especializado tras una década de funcionamiento en Barajas.
La utilización de pilotos en prácticas
La disolución de Ares también habría afectado a otra denuncia relacionada con Plus Ultra.
Según publica THE OBJECTIVE, el grupo había comenzado a recibir información sobre la supuesta utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales de pasajeros durante más de dos años.
Tanto la normativa europea como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el Colegio Oficial de Pilotos consideran ilegal este tipo de prácticas.
Sin embargo, tras la desaparición de la unidad especializada, esa línea de investigación habría quedado paralizada.
Fuentes cercanas al caso consideran que la disolución del grupo transmite un mensaje preocupante dentro de las fuerzas de seguridad.
“Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste”, señala una de las fuentes citadas por THE OBJECTIVE.
Plus Ultra vuelve al centro de la polémica
La compañía Plus Ultra ya había protagonizado fuertes controversias políticas tras el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno durante la pandemia.
La operación fue cuestionada desde distintos sectores políticos y judiciales debido a las dudas sobre la situación financiera real de la aerolínea y sus conexiones empresariales.
Ahora, las nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades aéreas y la desaparición de la unidad que investigaba esos hechos vuelven a situar a la empresa en el centro del debate político.
El caso amenaza además con aumentar la presión sobre el Gobierno y sobre los organismos encargados de supervisar la seguridad aérea en España.
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