La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad asumir la competencia para investigar y, en su caso, juzgar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como al diputado del Parlament catalán, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo relacionados con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic'. El tribunal designa a la magistrada Susana Polo como instructora de este caso.

La decisión del alto tribunal se basa en la exposición razonada presentada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que detalla los indicios que, según su criterio, implican a los dos aforados en los hechos investigados. Se concluye que es necesario llamar a estos dos aforados al procedimiento para ser escuchados como investigados, de acuerdo con los derechos y garantías establecidos en la ley, siendo esta una diligencia que solo puede ser llevada a cabo por la Sala Segunda debido al estatus de aforados de los implicados.

El auto del tribunal destaca que los hechos investigados, relacionados con el bloqueo del Aeropuerto del Prat de Barcelona el 14 de octubre de 2019, se encuadran en el delito de terrorismo, con acciones que perturbaron gravemente la paz pública y afectaron al tráfico aéreo internacional. Se señala que el movimiento 'Tsunami Democràtic' buscaba combatir la sentencia del procés y provocar una situación de caos y violencia para evitar su cumplimiento.

El tribunal identifica una serie de delitos cometidos durante los disturbios, incluyendo detención ilegal, atentados contra agentes de la autoridad, falsificación de documentos, y daños patrimoniales, entre otros. Se hace hincapié en que las acciones perpetradas por los miembros de 'Tsunami Democràtic' se enmarcan dentro de la doctrina del terrorismo callejero, conforme a los artículos 573 y 573 bis del Código Penal.

En cuanto a la posible participación de Rubén Wagensberg en los hechos, se menciona su presunto uso del pseudónimo "Konan" en comunicaciones a través de la aplicación WIRE, así como la reproducción de mensajes intercambiados en perfiles de redes sociales asociados al movimiento.

La decisión del Tribunal Supremo representa un paso significativo en la investigación de los hechos relacionados con 'Tsunami Democràtic', y refuerza la tesis de que dichos actos constituyen un delito de terrorismo callejero, independientemente de la ausencia de vínculos con organizaciones terroristas establecidas.