El viernes comenzará la campaña electoral en Galicia, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, inaugurará la misma el sábado con un mitin en Ourense. Sin embargo, los socialistas pretenden posponer cualquier acuerdo sobre la amnistía con Junts hasta después del 18 de febrero para evitar que estas negociaciones afecten negativamente a sus aspiraciones en las elecciones gallegas.

La devolución de la proposición de ley orgánica de amnistía a la Comisión de Justicia anticipa un enfrentamiento entre socialistas y populares en la Mesa del Congreso respecto a los plazos de aprobación del nuevo dictamen. Aunque el Reglamento del Congreso establece que la comisión tiene un mes para emitir un nuevo dictamen tras la devolución al Pleno, la tramitación con carácter de urgencia reduce este plazo a la mitad. Esto permitiría a Sánchez y Puigdemont contar con el miércoles 16 de febrero como fecha límite, en plena recta final de la campaña gallega.

Sin embargo, el escaso precedente de este tipo de situaciones da cierta ventaja al PSOE, ya que pueden interpretar de manera más flexible los plazos establecidos en el Reglamento. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, solicitará un informe a los letrados para respaldar la decisión de posponer cualquier acuerdo hasta después del 18 de febrero.

Mientras tanto, los populares están evaluando sus opciones, aunque parece que tienen pocas alternativas. La devolución de la ley a la comisión aún no se ha formalizado, y la Mesa del Congreso deberá comunicar a la Mesa de la Comisión de Justicia que la ley de amnistía ha vuelto atrás. Este proceso podría demorarse y permitir que el PSOE gestione la situación a su favor.

En paralelo, Carles Puigdemont anunció su candidatura a las elecciones al Consell de la República, una entidad privada creada en 2017. Los socialistas, por su parte, critican a Junts por su postura en relación con la amnistía, argumentando que la propuesta no superaría el filtro del Tribunal Constitucional. Jaume Asens, enlace de Yolanda Díaz con los independentistas, propuso una alternativa: aprobar la ley tal como está y luego reformar el Código Penal para modificar el delito de terrorismo.