La abstención de Junts en la votación de los decretos del Gobierno español ha tenido un impacto significativo, ya que los independentistas catalanes han logrado obtener varias concesiones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a cambio de su apoyo parlamentario. Estas concesiones abarcan una serie de temas clave que incluyen competencias de inmigración, supresión de artículos legales, beneficios fiscales, y reconocimiento de derechos históricos para Cataluña.

Uno de los puntos más destacados es el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Junts ha asegurado que este traspaso será integral, permitiendo al Gobierno y al Parlamento catalán establecer políticas adecuadas a sus necesidades específicas. Además, se logró la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considerado una amenaza para futuras leyes de amnistía en Cataluña.

Otras concesiones importantes incluyen la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, el reconocimiento de derechos históricos en el ámbito del régimen local para Cataluña, y la promesa de una reforma en la Ley de Sociedades de Capital para revertir disposiciones que llevaron a la fuga de empresas durante el proceso independentista.

Adicionalmente, el Gobierno se comprometió a la publicación inmediata de datos oficiales para el cálculo de las balanzas fiscales, un aumento sustancial en el presupuesto destinado a la digitalización de la administración de justicia, y que el Estado asuma la totalidad de los costos relacionados con descuentos y bonificaciones en el transporte público.

Estas concesiones muestran la complejidad del panorama político español y la necesidad de forjar acuerdos para asegurar mayorías parlamentarias. La votación resultó en la aprobación de algunos decretos, la derogación de uno y un empate en otro, evidenciando los desafíos para la estabilidad gubernamental. La influencia de los partidos independentistas catalanes, en este caso Junts, y sus demandas específicas han sido fundamentales en este proceso.