La admisión a trámite de la Proposición de Ley de Amnistía por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados marca el inicio de un proceso de tramitación urgente que, según los plazos previstos, podría estar vigente para marzo, a pesar de los desafíos en el Senado con mayoría del Partido Popular. Esta ley busca el borrado penal de los eventos relacionados con el procés catalán desde 2013 hasta la actualidad, incluyendo el referéndum inconstitucional del 1-O.

Una vez en vigor, cada tribunal competente deberá analizar individualmente si los procesados y condenados relacionados con el procés pueden acogerse a la ley. Sin embargo, el Tribunal Supremo, como órgano sentenciador principal, tendrá la última palabra. Se espera que el Alto Tribunal plantee una doble consulta sobre la validez de la amnistía, tanto a nivel interno, a través del Tribunal Constitucional, como externo, mediante la prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ambas con efectos suspensivos.

El Tribunal español argumenta que algunos delitos involucrados en la ley afectan al Derecho comunitario, generando malestar en el independentismo. Además, se destaca la necesidad de suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Amnistía hasta que la Justicia europea se pronuncie. Esto implica que Carles Puigdemont no podrá regresar a España sin ser detenido, y Oriol Junqueras y otros no podrán participar en las próximas elecciones autonómicas como habían planeado.

La doctrina actual del Tribunal Constitucional establece que, en casos de dudas de inconstitucionalidad, la jurisdicción europea debe prevalecer sobre la nacional. Además, un reciente decreto-ley del Gobierno confirma el efecto suspensivo de la amnistía al presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Este respaldo paradójico del Ejecutivo allana el camino para el Tribunal Supremo, enfrentando desafíos legales en dos frentes: el interno y el europeo.