En medio del debate sobre la Ley de Amnistía, las enmiendas introducidas por Junts y ERC y aceptadas por el PSOE han generado controversia. Mientras se destaca que los cambios en materia de terrorismo ajustan la normativa a los estándares europeos, expertos en Derecho Penal y Comunitario discrepan de esta visión y advierten sobre la necesidad de mantener un nivel efectivo y eficaz de persecución del terrorismo, tal como lo establece la Directiva Europea 2017/541.

Es importante recordar que fue el propio Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, el que traspuso esta norma europea a la legislación nacional en 2019, ampliando el catálogo de delitos terroristas previstos en el Código Penal español. Por lo tanto, la Ley Orgánica resultante se adapta al Derecho Comunitario y se armoniza con el de otros países miembros de la UE.

Los juristas destacan que ningún análisis de la amnistía propuesta por el Ejecutivo socialista cumplirá con los estándares europeos que el mismo Gobierno aceptó incorporar previamente a la regulación interna. Consideran que reducir estos estándares por motivos ajenos al interés general no es adecuado.

A nivel comunitario, se penalizan actividades que combinan intención terrorista y comportamiento habitual, como el uso de canales de comunicación en línea o la consulta de material relacionado con el terrorismo. Esto incluso permitiría sancionar a participantes accesorios en delitos de terrorismo, aunque no se identifique a los responsables principales.

Tanto el Derecho Internacional como el de la UE definen el terrorismo como un delito especialmente grave con objetivos específicos, como intimidar gravemente a una población o forzar a un Gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar ciertos actos. Esta definición se alinea con otros mecanismos internacionales contra el terrorismo, como convenios, protocolos y resoluciones de la ONU.

Financiación y actos

La Directiva Europea de 2017, lejos de ser más permisiva que la legislación nacional, refuerza el enfoque de la UE en la lucha contra el terrorismo, incluso en los delitos preparatorios. Esto incluye actos realizados con la intención de cometer o contribuir a la comisión de delitos terroristas reales.

La catedrática catalana Teresa Freixes señala que esta definición abarca la provocación pública a cometer un delito de terrorismo, recibir adiestramiento para el terrorismo y viajar con fines terroristas, entre otras conductas anexas. Por lo tanto, va más allá de los artículos 2 y 3 de la norma europea, utilizados como referencia en la amnistía, para asegurar que los actos de terrorismo perdonados estén fuera de un catálogo cerrado de conductas.

Además, destaca que la Directiva aborda la financiación del terrorismo, como la prestación de ayuda material con fines terroristas a través de operaciones comerciales que implican la circulación de bienes, servicios y activos. Estos beneficios se utilizan, total o parcialmente, para los fines de las organizaciones criminales.

Malversación sin ánimo de lucro

La amnistía propuesta para los actos de malversación, basada en la idea de que no hubo intención de lucro personal por parte de los políticos separatistas, tampoco parece ser aceptable en Europa. Los juristas señalan que la normativa europea exige una persecución efectiva y disuasoria de este tipo de delitos económicos, independientemente de si hubo beneficio personal.

Para la Unión Europea, lo crucial en el caso de la malversación del procés es determinar qué acciones irregulares se llevaron a cabo y si quienes las ejecutaron eran conscientes de ello. La consecuencia final sobre el destino de los fondos públicos no es relevante en este contexto, ya que lo importante es evitar que se desvíen para otros fines distintos a los previstos inicialmente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentado jurisprudencia sobre los delitos de malversación en casos de corrupción en otros países, como Rumanía, donde ha intervenido condenando varios casos de corrupción incluso cuando no había fondos europeos involucrados.

En resumen, intentar encajar la amnistía en el marco del Derecho Europeo parece ser un error, ya que la ley generaría desigualdad entre los ciudadanos españoles y promovería un trato discriminatorio injustificado para algunos de ellos.

Protección a las víctimas

La Directiva también tuvo como objetivo complementar la legislación transnacional en lo que respecta a los derechos de las víctimas del terrorismo y fortalecer los mecanismos de respuesta de emergencia entre los Estados miembros después de un atentado.

Los valores fundamentales de la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, junto con el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, hacen que los actos terroristas sean considerados como una de las violaciones más graves en la comunidad europea.

Por esta razón, la Directiva amplió la cobertura de los derechos de las víctimas del terrorismo al incluir un catálogo de sus necesidades específicas, como acceso inmediato a servicios de apoyo profesional para recibir tratamiento médico, psicosocial o jurídico, así como la activación de un sistema de indemnización. Este aspecto parece haber sido pasado por alto por los promotores de la amnistía actualmente en discusión.