La futura ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts ha generado oposición en todo el sistema judicial español, incluyendo jueces, fiscales, la abogacía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un intento de contrarrestar esta medida, estos últimos han presentado una queja ante la Unión Europea para que tome medidas contra el perdón judicial a los encausados en el proceso independentista catalán.

El CGPJ busca que la Comisión Europea detenga una eventual ley de amnistía, argumentando que constituye "un ataque al Estado de Derecho". En su favor, citan un caso similar en Rumanía, donde las instituciones europeas intervinieron ante un intento de amnistía por corrupción.

En el caso rumano, Liviu Dragnea, exlíder del Partido Socialdemócrata, fue acusado de corrupción durante su mandato en el gobierno antes de 2016. La Comisión Europea criticó al gobierno rumano por intentar aprobar una ley de amnistía que beneficiaría a Dragnea. Ante esta situación, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, expresó el rechazo de la Unión Europea al perdón, argumentando que sería un retroceso en el Estado de Derecho.

La Asociación de Fiscales en España recuerda este caso rumano para solicitar la intervención de Europa en el contexto actual. La presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, rechaza de manera absoluta la ley de amnistía acordada por los socialistas y Junts, haciendo hincapié en el precedente rumano y en la posición de Bruselas.

Dexeus destaca que la ejecución de una ley de amnistía como la propuesta constituiría "un ataque sin precedentes a la independencia judicial" y un atentado directo al Estado de Derecho sin respaldo constitucional. La asociación ya había advertido a la Comisión Europea en septiembre sobre una posible ley de amnistía que podría contar con el apoyo de independentistas y del prófugo de la justicia Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Esta situación ha llamado la atención de Europa, que ha solicitado al Gobierno español que explique los acuerdos relacionados con la amnistía. Dexeus se muestra esperanzada, pero advierte que la situación no está bajo su control y que la asociación se limita a expresar su posición como técnicos jurídicos frente a las decisiones políticas.