Bajo el escrutinio de una ciudadanía que ha tomado las calles en una magnitud no vista en décadas, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta la difícil tarea de lidiar con una realidad incómoda: la calle ya no responde mayoritariamente a la izquierda.

En un intento por desvirtuar la magnitud de las protestas, el ejecutivo ha recurrido a artimañas como la tergiversación y la minimización, utilizando dos estrategias falsas: presentarlas como una respuesta radical de nostálgicos del franquismo o manipular las cifras para disminuir su impacto, como ocurrió en la masiva concentración del 18 de noviembre en la Plaza de la Cibeles.

En un documento revelador en posesión de El Debate, se descubre que la Delegación del Gobierno en Madrid, liderada por Francisco Martín Aguirre, ha reconocido la manipulación al inventar una cifra de asistentes considerablemente menor, 170.000, en comparación con el millón largo reportado por los organizadores. Este bulo, desenmascarado por este medio, carece de respaldo en informes elaborados por la propia Delegación, según la investigación realizada por El Debate.

A pesar de las solicitudes explícitas para obtener informes que respalden las cifras proporcionadas, la Delegación del Gobierno en Madrid ha admitido, a través de Agustín Torres Herrero, director General de la Administración General del Estado en el Territorio, que "no existen los documentos solicitados". Esta falta de transparencia plantea interrogantes sobre la autenticidad de las cifras ofrecidas por el organismo gubernamental.

Este no es el primer episodio en el que la Delegación del Gobierno evita pronunciarse sobre las cifras de asistencia, repitiendo un patrón observado a principios de año en otra manifestación. En esa ocasión, el Gobierno eludió la responsabilidad, afirmando que la estimación de asistentes es responsabilidad del Ministerio del Interior y no proporcionó los documentos solicitados.

Esta estrategia de evasión por parte del Ejecutivo refleja una tendencia persistente a minimizar el impacto de las manifestaciones que evidencian la creciente brecha entre las posturas del Gobierno y una parte significativa de la ciudadanía.

La estrategia parece ser parte de un intento personal del presidente Sánchez de estigmatizar cualquier disidencia, como lo expresó durante su investidura al proponer la construcción de un "muro" contra la supuesta ultraderecha encarnada por el PP y VOX.

Desde entonces, la maquinaria gubernamental ha menospreciado las manifestaciones masivas en diversas ciudades de España, ignorando su magnitud y compromiso de líderes como Núñez Feijóo. Además, se ha intentado equiparar incidentes aislados en concentraciones diarias frente a la sede del PSOE en Ferraz con todas las protestas cívicas que recorren España, desviando la atención de una movilización popular sin precedentes desde 1978.