“Como siempre Mazón hace seguidismo a la política que impone el PSOE" en la regulación de los interinos
14:09 24/07/21
El PP ha recriminado al PRC que apoyara el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público sin mejorar el texto ni reivindicar mejoras ni financiación para Cantabria.
La diputada regional Isabel Urrutia ha opinado que este decreto "cierra en falso" el grave problema de la temporalidad del empleo público, creando más problemas que soluciones al recoger en su regulación auténticas lagunas e imprecisiones normativas que causan inseguridad jurídica.
Y ha criticado que el diputado nacional por el PRC, José María Mazón, lo haya aprobado sin tener en cuenta las consecuencias de las medidas que se adoptan para la comunidad autónoma.
“Como siempre Mazón ha hecho seguidismo a la política que impone el PSOE de España, sin negociar nada para Cantabria y prestando el voto favorable del PRC", ha afirmado Urrutia.
La diputada popular considera que el texto presenta una absoluta carencia de soluciones técnicas y jurídicas para reducir la temporalidad.
Y ha censurado que el Gobierno de España haya "coartado" el debate parlamentario para la aprobación de un verdadero proceso de estabilización porque "desde el inicio debería haberse presentado en la Cámara Baja un proyecto de ley para que un tema tan importante, como es el empleo público temporal, hubiera gozado de consenso, debate y de participación de todas las partes afectadas".
Según la diputada popular, una de las mayores afecciones que el texto tiene es que no se cuenta cómo se van a financiar las indemnizaciones que han de pagarse a los empleados públicos temporales que no superen los procesos selectivos de estabilización.
Urrutia ha apuntado que el decreto aprobado supone un proceso discriminatorio, ya que se producirá un solapamiento en el tiempo de varios procesos de estabilización a la vez, en los que unos empleados públicos tendrán derecho a indemnización y otros no.
Y ha añadido que incluso hay determinadas plazas y puestos de trabajo que se van a ver afectados a la vez de un proceso de consolidación y de una oferta de empleo público, "sin que se determine qué tiene preferencia, la oposición pura y dura o el proceso de consolidación, lo que aumentará la litigiosidad". ![Publicidad 171034]()
La diputada regional Isabel Urrutia ha opinado que este decreto "cierra en falso" el grave problema de la temporalidad del empleo público, creando más problemas que soluciones al recoger en su regulación auténticas lagunas e imprecisiones normativas que causan inseguridad jurídica.
Y ha criticado que el diputado nacional por el PRC, José María Mazón, lo haya aprobado sin tener en cuenta las consecuencias de las medidas que se adoptan para la comunidad autónoma.
“Como siempre Mazón ha hecho seguidismo a la política que impone el PSOE de España, sin negociar nada para Cantabria y prestando el voto favorable del PRC", ha afirmado Urrutia.
La diputada popular considera que el texto presenta una absoluta carencia de soluciones técnicas y jurídicas para reducir la temporalidad.
Y ha censurado que el Gobierno de España haya "coartado" el debate parlamentario para la aprobación de un verdadero proceso de estabilización porque "desde el inicio debería haberse presentado en la Cámara Baja un proyecto de ley para que un tema tan importante, como es el empleo público temporal, hubiera gozado de consenso, debate y de participación de todas las partes afectadas".
Según la diputada popular, una de las mayores afecciones que el texto tiene es que no se cuenta cómo se van a financiar las indemnizaciones que han de pagarse a los empleados públicos temporales que no superen los procesos selectivos de estabilización.
Urrutia ha apuntado que el decreto aprobado supone un proceso discriminatorio, ya que se producirá un solapamiento en el tiempo de varios procesos de estabilización a la vez, en los que unos empleados públicos tendrán derecho a indemnización y otros no.
Y ha añadido que incluso hay determinadas plazas y puestos de trabajo que se van a ver afectados a la vez de un proceso de consolidación y de una oferta de empleo público, "sin que se determine qué tiene preferencia, la oposición pura y dura o el proceso de consolidación, lo que aumentará la litigiosidad".
