La Guardia Civil investiga a un varón por cazar de forma furtiva después de que el propio investigado colgara en redes sociales un vídeo en el que se ve cómo su galgo ataca a una corza en un coto de Villafrechós (Valladolid), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

A finales de diciembre la Benemérita tuvo conocimiento de la existencia del citado vídeo en el que se veía a un galgo atacando a una corza, mientras el can era instigado por su propietario para que no cesase en el acoso y caza del animal silvestre.

Además del sufrimiento innecesario infligido al corzo, esta modalidad cinegética está prohibida y carece de autorización para cazar esta especie.

De las gestiones realizadas por la Patrulla del Seprona de Medina de Rioseco se comprobó que el vídeo fue grabado en la localidad de Villafrechós, se localizó al perro que aparecía en el mismo y se identificó a la persona que lo grabó.

Por esta actuación, se tomó manifestación en calidad de investigado a S.R.T, por cazar a una corza con un método no autorizado en un coto que no tiene aprobado en su plan cinegético el aprovechamiento de esta especie y al hacerlo en periodo de veda. Este delito está penado con multa de ocho a 12 meses y con inhabilitación especial para cazar por tiempo de dos a cinco años.

Asimismo, al realizar la caza con un sistema no autorizado e incumpliendo el plan cinegético del coto se han formulado denuncias por infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León, y a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por perseguir y capturar sin justificación a un animal de una especie de fauna silvestre.

Estas actuaciones se han enmarcado dentro de la Operación RED DOT de la Dirección General de la Guardia Civil, cuya misión es la lucha contra el furtivismo de fauna silvestre y que establece un operativo de marco anual para hacer frente a este problema.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco y a la Fiscal Delegada del Medio Ambiente de la Audiencia de Valladolid, mientras que las denuncias administrativas han sido cursadas a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.