El 8 de noviembre de 2023, el partido político VOX ha emprendido acciones legales en respuesta a las órdenes de carga policial dadas durante las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid el pasado lunes. La querella, dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señala tanto al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, acusándolos de prevaricación y de violaciones de derechos individuales por parte de funcionarios públicos.

La coordinadora Jurídica de VOX, Marta Castro, presentó un documento ante el Supremo, sosteniendo que las manifestaciones eran pacíficas y contaron con la asistencia de ciudadanos ordinarios de todas las edades, incluyendo mujeres, niños y ancianos. El partido afirma que sin causa aparente, la policía comenzó a dispersar a la multitud con violencia, utilizando gases lacrimógenos y porras.

La querella argumenta que la acción policial carecía de justificación legal y sugiere que estaba motivada políticamente para intimidar a los ciudadanos de protestar contra el gobierno. VOX ha proporcionado también evidencia gráfica para respaldar estas afirmaciones y ha solicitado al Tribunal Supremo que interrogue a Grande-Marlaska y Aguirre, busque informes detallados de la policía y los servicios de emergencia, y permita reclamaciones de los afectados por el incidente.

Además, VOX exige a la Delegación del Gobierno que entregue el informe completo de los eventos del lunes y al Ministerio del Interior que proporcione el protocolo para la gestión de tales manifestaciones. También buscan el testimonio de los oficiales de policía a cargo durante las protestas para determinar si se dieron órdenes superiores para iniciar la carga y dispersar a los manifestantes.

Este movimiento legal por parte de VOX representa un desafío significativo a la gestión gubernamental de las manifestaciones públicas y plantea preguntas sobre el equilibrio entre mantener el orden público y respetar el derecho de los ciudadanos a protestar